Bogotá implementa decreto para reorganizar el espacio público y regular ventas ambulantes
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha expedido recientemente el Decreto 117 de 2026, una medida que redefine las reglas de uso del espacio público en la ciudad y establece nuevas condiciones para las ventas ambulantes. Esta iniciativa responde a una creciente demanda ciudadana por ordenar calles, andenes y zonas de alto tránsito, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la convivencia urbana.
Estrategia integral para la organización del espacio público
Con este decreto, el Distrito plantea una estrategia integral para organizar, recuperar y preservar el espacio público, bajo un enfoque que combina control y garantías sociales. La normativa introduce criterios técnicos para definir cómo y dónde pueden desarrollarse actividades económicas, especialmente las ventas informales, en un intento por equilibrar el derecho al trabajo con el derecho colectivo a disfrutar la ciudad.
El documento establece que "ordenar es proteger, y proteger es garantizar el derecho a la ciudad para la gente", marcando el tono de una política que no se limita al control, sino que incorpora elementos de convivencia y corresponsabilidad. En ese sentido, la administración reconoce la necesidad de establecer reglas claras para evitar la ocupación indebida y sus efectos sobre la calidad de vida.
Zonificación y restricciones específicas
Uno de los ejes centrales del decreto es la definición de zonas específicas para el uso del espacio público. La administración prioriza áreas que serán organizadas y establece sectores donde se permite la venta informal, así como otros donde esta actividad estará restringida por razones de seguridad, movilidad o riesgos para la salud.
Además, se actualizan los procedimientos para la recuperación del espacio público y se fijan límites claros sobre lo permitido y lo prohibido. Entre las restricciones se incluyen:
- Bloquear vías o zonas de tránsito.
- El uso de elementos peligrosos como pipetas de gas.
- Actividades que afecten la convivencia o comprometan la seguridad urbana en zonas de alta circulación.
El decreto también apunta a evitar condiciones que deterioren el entorno urbano, advirtiendo que la ocupación indebida incide directamente en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. En ese marco, la intervención busca reducir la saturación y prevenir riesgos asociados al uso no regulado del espacio.
Garantías sociales y alternativas económicas
A pesar del endurecimiento en las reglas, el Distrito enfatiza que la medida no busca excluir a quienes dependen del espacio público para subsistir. El decreto establece que se respetará el debido proceso y la dignidad de las personas dedicadas a la venta informal, al tiempo que promueve alternativas económicas como parte de la política pública.
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, declaró: "Esta no es una medida contra las personas vulnerables que ejercen ventas informales en el espacio público; con ellas queremos trabajar en la organización. La ciudad necesita orden, y la ciudadanía nos ha pedido intervenir distintos puntos donde hoy hay descontrol, y así lo haremos."
Además, Quintero agregó: "Vamos a combatir las mafias que operan en el espacio público, aquellas que subarriendan, venden o promueven economías ilegales. Contra esas estructuras sí vamos a actuar. Esto es clave dentro del propósito de la administración de Carlos Fernando Galán de avanzar hacia una ciudad con mayor orden y seguridad."
En esta línea, se contempla el fortalecimiento de la oferta institucional para población vulnerable, con el fin de generar opciones que permitan transitar hacia condiciones más estables de ingreso. La estrategia incluye procesos de caracterización y acompañamiento a vendedores, en un intento por abordar la problemática desde una perspectiva social y no únicamente sancionatoria.
Implementación y objetivos futuros
La implementación del Decreto 117 estará a cargo de varias entidades del Distrito, que trabajarán de manera articulada para definir capacidades de uso del espacio, zonas de manejo especial y criterios de intervención. Con esto, Bogotá busca avanzar hacia un modelo de ciudad más organizada, donde el uso del espacio público responda a reglas claras y a un equilibrio entre derechos individuales y colectivos.
Esta medida representa un paso significativo en la gestión urbana de Bogotá, alineándose con los esfuerzos por mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad en la capital colombiana.
