Bogotá establece nuevas regulaciones para la venta ambulante con enfoque en reubicación y formalización
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha implementado el decreto 117 de 2026, una normativa que establece restricciones específicas para la protección del espacio público y la regulación de la venta ambulante en la capital colombiana. Esta medida ha generado reacciones encontradas, incluyendo protestas multitudinarias que afectaron significativamente la movilidad urbana durante la tarde del lunes, con impactos directos en el desplazamiento de aproximadamente 90.000 personas que utilizan el sistema Transmilenio.
Prohibiciones clave y medidas de protección
La nueva normativa introduce varias restricciones fundamentales para garantizar la seguridad y el orden en el espacio público. Entre las principales prohibiciones se encuentran:
- El uso y almacenamiento de cilindros de gas en vías públicas sin la debida autorización
- La prestación de servicios médicos, odontológicos o estéticos en la calle, incluyendo procedimientos como piercings, tatuajes o cortes de cabello
- La instalación de puestos de venta a menos de 1,5 metros de hidrantes o en rutas de evacuación
- La ocupación de accesos al sistema de transporte público o puentes peatonales con actividades comerciales
Según explicó Diego Camargo, representante jurídico de la Junta de Acción Comunal de Santa Inés Centro, donde se ubica el emblemático sector de San Victorino, "llevábamos cinco años exigiéndole al Gobierno que cumpliera sus funciones administrativas. Fueron muchos derechos de petición, tutelas, mesas de trabajo y, al fin, un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca protegió nuestros derechos y el derecho al trabajo del vendedor ambulante vulnerable".
Compromiso distrital con alternativas reales
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, ha enfatizado que el decreto no representa una medida contra las personas vulnerables que ejercen la venta informal, sino una estrategia para organizar esta actividad económica. "Ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de formalización o reubicación a través del Instituto para la Economía Social (IPES)", afirmó Quintero durante la presentación de la normativa.
El Distrito se ha comprometido explícitamente a no realizar operativos "intempestivos" para la recuperación del espacio público y a desarrollar mecanismos para diferenciar a los vendedores vulnerables de estructuras organizadas que puedan estar involucradas en actividades ilegales o de subarriendo de espacios públicos.
Zonas especiales y programas de apoyo
Como parte integral de la implementación del decreto, se establecerán zonas especiales de manejo que serán definidas por la Secretaría Distrital de Seguridad en un plazo máximo de seis meses. Paralelamente, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público determinará las zonas de aprovechamiento económico específicas donde se permitirá la actividad comercial ambulante, junto con los incentivos correspondientes para quienes trabajen en estos espacios autorizados.
El IPES ha diseñado un programa integral de apoyo que incluye:
- Relocalización o reubicación en espacios autorizados y adecuados para la actividad comercial
- Acceso a programas de formación y reconversión laboral para mejorar las capacidades empresariales
- Inscripción en la oferta de servicios sociales y programas de atención integral
"Nuestra meta", indicó el secretario Quintero, "es que al finalizar este año tengamos un espacio público mucho más organizado, donde prime el respeto por el peatón y se brinden alternativas reales a quienes buscan sustento de manera honesta".
Esta iniciativa busca equilibrar la protección del espacio público con el reconocimiento del derecho al trabajo de miles de bogotanos que dependen de la economía informal, estableciendo un marco regulatorio que prioriza la organización, la salubridad y la recuperación de senderos peatonales y rutas de emergencia para el bienestar colectivo de la ciudad.
