Bogotá implementa regulación histórica para el comercio informal en espacio público
La Alcaldía de Bogotá ha dado un paso sin precedentes en la organización del comercio informal mediante la firma del Decreto 117 de 2026, que modifica el Decreto Distrital 642 de 2025 y establece un marco regulatorio para más de 150.000 personas que, según estimaciones oficiales, dependen económicamente de la venta en el espacio público. Esta norma, firmada el 14 de abril por el alcalde Carlos Fernando Galán Pachón, introduce por primera vez una metodología de cargas de ocupación que determinará cuántos vendedores podrán operar en cada corredor o plaza de la ciudad.
Cuatro frentes de acción para organizar el espacio público
Según explicó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno Distrital, el objetivo principal es organizar el espacio público mediante cuatro líneas de trabajo claramente definidas:
- Regular actividades con efectos negativos como el trabajo infantil
- Controlar el expendio de sustancias ilegales, licor adulterado y elementos cortopunzantes
- Supervisar actividades que generen riesgos sanitarios
- Combatir estructuras criminales que operan en el espacio público
"Esto no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen venta informal en el espacio público. Nosotros queremos organizar la ciudad porque la ciudadanía nos ha pedido organizar el espacio público en distintos lugares", afirmó Quintero, enfatizando que la norma busca principalmente enfrentar a las mafias que subarriendan espacios y desarrollan economías ilegales.
Metodología científica para determinar capacidad de ocupación
El corazón operativo del decreto se encuentra en el artículo 478, que ordena al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) realizar estudios técnicos de cargas de ocupación para determinar la cantidad máxima de vendedores informales que podrán ejercer su actividad en cada zona del Distrito Capital. Lucía Bastidas, directora del Dadep, anunció que la entidad elaborará y publicará periódicamente un inventario actualizado de los espacios recuperados y preservados.
Una vez completados estos estudios, el Dadep, en coordinación con el Instituto para la Economía Social (Ipes), delimitará mediante acto administrativo las zonas aptas para el aprovechamiento económico informal, asegurando que no coincidan con las denominadas Zonas de Manejo Especial.
Zonas de exclusión y conductas prohibidas
El artículo 479 establece que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tendrá hasta seis meses para definir las Zonas de Manejo Especial, es decir, aquellos sectores donde, por razones de seguridad debidamente sustentadas, no podrán realizarse actividades de venta informal. Esta delimitación deberá concertarse previamente con los alcaldes locales, el Dadep y la Policía Metropolitana de Bogotá.
La norma amplía significativamente el listado de conductas incompatibles con el uso del espacio público, incluyendo:
- Trabajo infantil
- Venta de sustancias ilegales
- Procedimientos de piercings, tatuajes y cirugías
- Intervenciones odontológicas en espacio público
- Uso no autorizado de cilindros de gas licuado
- Venta de alimentos sin condiciones sanitarias
- Comercialización de pólvora o artículos pirotécnicos
- Operación de servicios de belleza sin condiciones de salubridad
Crisis estructural del mercado laboral
María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, reveló datos preocupantes obtenidos de un censo realizado en la carrera séptima: "50% de los vendedores de la carrera séptima son mayores de 50 años, cuando la población en este momento es de 35%". Esta cifra evidencia una crisis estructural del mercado laboral, donde las empresas muestran reticencia a contratar personas mayores de cincuenta años, obligándolas a recurrir a la venta informal como única opción.
López también asoció el crecimiento del comercio informal con el recrudecimiento del conflicto armado y el debilitamiento del empleo formal en Colombia, fenómenos que, en su opinión, están alimentando tanto la informalidad como las economías ilegales que la rodean.
Alternativas económicas y proceso de implementación
El decreto establece que cualquier proceso de recuperación del espacio público debe articularse con alternativas económicas concretas. La administración deberá ofrecer al menos una de cuatro opciones:
- Relocalización en espacios autorizados
- Acceso a programas de formación y reconversión laboral
- Inscripción en programas del Ipes y otras entidades distritales
- Acceso a servicios sociales especializados
Diana Catalina Arciniegas, directora del Ipes, precisó que se trabajará en tres componentes fundamentales: formación, emprendimiento y empleabilidad. Como opciones concretas mencionó triciclos, puntos comerciales, quioscos y acceso a las plazas distritales de mercado.
Procedimiento escalonado para recuperación de espacios
Antes de iniciar cualquier operativo de recuperación, el decreto ordena una secuencia de tres pasos obligatorios:
- Verificación por parte de la Alcaldía Local de autorizaciones vigentes del Ipes
- Caracterización e identificación de la población en la zona de intervención
- Ofrecimiento de la oferta institucional correspondiente por parte del Ipes
Solo después de cumplir estos pasos se podrán iniciar los procedimientos verbales inmediato y abreviado previstos en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Registro obligatorio y zonas prioritarias de implementación
Todos los vendedores informales deberán inscribirse en el sistema de información del Ipes, registro que tendrá fines exclusivamente estadísticos y de planeación, sin constituir autorización, permiso ni derecho adquirido sobre el espacio público. Podrán registrarse únicamente personas mayores de edad con documento de identidad vigente, mientras que los extranjeros deberán presentar cédula de extranjería u otro documento válido conforme a la normativa migratoria.
Quintero detalló las zonas prioritarias donde comenzará la implementación: "En el centro de la ciudad vamos a trabajar con bastante juicio. Vamos a estar también en algunas zonas del norte, en San Cristóbal, por los lados del 20 de julio, en el Restrepo". En áreas con alta concentración de vendedores, se realizarán ejercicios de organización espacial, definiendo autorizaciones, distancias y número máximo de personas permitidas.
Según estimaciones de la Alcaldía, se espera que para finales de año el espacio público de Bogotá muestre una organización significativamente mejorada, con zonas protegidas establecidas y áreas caracterizadas específicamente para la venta informal, siempre con el enfoque dual de combatir mafias y ofrecer alternativas reales a vendedores en situación de vulnerabilidad.
