Demanda judicial cuestiona regulación de ventas informales en Bogotá
La concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, interpuso una demanda de nulidad contra el Decreto 117 de 2026 expedido por la Alcaldía de Bogotá, que establece límites a las actividades de los vendedores informales en el espacio público. La medida legal busca suspender la implementación de la normativa hasta que se garantice un proceso participativo amplio.
Protestas y tensión por nueva regulación
El decreto, emitido el pasado 14 de abril, ha generado protestas y un intenso debate entre las autoridades distritales y el sector informal. Según la Secretaría de Gobierno, la medida responde a solicitudes de mayor organización del espacio público identificadas durante recorridos territoriales del alcalde y su equipo, así como en conversaciones con comunidades y vendedores.
"La presencia de mafias y actores ilegales que controlan zonas, subarriendan el espacio público o comercializan productos prohibidos motivaron la expedición del decreto", explicaron fuentes oficiales.
Argumentos de la demanda
En un comunicado oficial, la concejal Sánchez expuso los fundamentos de su acción legal:
- El decreto vulnera derechos fundamentales de vendedores informales
- Profundiza dinámicas de exclusión social en la capital
- Prioriza medidas de control sobre garantías efectivas de derechos
- Omite procesos adecuados de socialización y participación
"Está orientado a la organización y preservación del espacio público a través de la prohibición y la exclusión", afirmó la cabildante, quien pidió a la Secretaría de Gobierno suspender la implementación hasta que se garantice "un proceso amplio de participación en acompañamiento de la Personería de Bogotá".
Restricciones establecidas por el decreto
La normativa incluye prohibiciones específicas que han generado preocupación:
- Actividades sanitarias: Se prohíben tatuajes, piercings, procedimientos odontológicos y cualquier intervención que requiera condiciones sanitarias estrictas en la vía pública
- Autorización obligatoria: Ningún vendedor podrá ejercer su actividad sin una autorización temporal de aprovechamiento económico
- Estructuras temporales: No se permitirán casetas, carretas o elementos que no sean desmontables o que generen ocupación permanente
- Productos prohibidos: Se veta la venta de pólvora, sustancias inflamables, armas blancas, productos ilícitos y alimentos sin condiciones higiénicas
- Ubicaciones restringidas: Las ventas no podrán instalarse cerca de hospitales, centros educativos, iglesias u otros espacios sensibles
Medidas adicionales de control
El decreto también establece:
- Prohibición del uso de menores de edad en actividades de comercio informal
- Veto a prácticas ilegales como distribución de drogas, juegos de azar o prostitución en espacio público
- Restricciones al uso de fuego y gas, permitiendo cilindros de GLP solo en ferias autorizadas
- Prohibición de encender fuego o realizar quemas en la vía pública
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió las medidas argumentando que buscan "organizar el espacio público y proteger tanto a los vendedores como a los ciudadanos". Sin embargo, la oposición política insiste en que el enfoque es restrictivo y no considera alternativas reales de subsistencia para este sector vulnerable.
La tensión entre el derecho al trabajo y la preservación del espacio público continúa marcando el debate en la capital colombiana, mientras la demanda judicial avanza en el sistema legal.
