Crisis en la recolección de basuras en Bogotá expone tensiones entre Gobierno Nacional y Distrital
En una reveladora rendición de cuentas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sorprendió al afirmar que el Gobierno Nacional ejerció presión indebida sobre el Distrito en materia de gestión de residuos. Según sus declaraciones, esta presión habría incluido la aceptación por parte de la administración distrital y la omisión de una denuncia oportuna, agravando la ya compleja situación del servicio de aseo en la capital.
La controversia sobre los esquemas tarifarios
El mandatario capitalino detalló: "El año pasado, 2025, no fue aceptada nuestra solicitud como gobierno para verificar criterios de áreas de servicio exclusivo en Bogotá. El Gobierno Nacional nos dijo claramente que no permitirían que Bogotá implementara un nuevo esquema de aseo con el esquema tarifario antiguo".
Galán reveló que el propio Presidente de la República le comunicó personalmente esta posición, agregando que "Bogotá debe adoptar el nuevo esquema tarifario que la Nación va a definir, que la CRA va a definir". Sin embargo, hasta mediados de marzo de 2026, este marco regulatorio no había sido expedido, según el alcalde.
La respuesta de la CRA y las contradicciones
Frente a estas afirmaciones, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) respondió en la red social X con un mensaje que contradice parcialmente la versión del alcalde. La entidad aclaró que "el Distrito, en su autonomía, decidió esperar a presentar una nueva solicitud de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) hasta la expedición del nuevo marco tarifario, pudiendo hacerlo con el vigente".
Además, la CRA exhortó a la administración distrital a "ejecutar acciones destinadas a que en la tarifa se reflejen los menores costos generados por la ampliación del plazo de las ASE y el no cobro de inversiones que ya fueron remuneradas vía tarifa por parte de los ciudadanos".
Los contratos prorrogados y los recicladores vulnerables
La situación se complica al examinar los contratos de aseo suscritos originalmente en 2018 por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los cuales fueron prorrogados en 2026. Paradójicamente, esta prórroga se justificó como necesaria para garantizar acciones afirmativas en favor de los recicladores de oficio, pero ni los contratos originales ni sus prórrogas incluyen tales disposiciones.
El efecto concreto de estas prórrogas ha sido permitir que los prestadores actuales del servicio de residuos no aprovechables continúen operando sin competencia durante 1 año, 9 meses y 18 días adicionales, contraviniendo lo establecido por la Constitución Política y la Ley 142 de 1994.
Cláusulas cuestionables y ausencia regulatoria
Los documentos contractuales analizados revelan la inclusión de una cláusula que prevé la terminación anticipada de los contratos una vez se expida por la CRA y entre en vigencia el nuevo marco tarifario de aseo. Esta disposición ha servido como sustento para una maniobra que inicialmente contó con el apoyo de recicladores, la Procuraduría General de la Nación, la CRA y la UAESP, pero que ahora parece ser reprochada por el propio alcalde Galán.
La CRA, contradiciendo lo afirmado por el Presidente según Galán, señala actualmente que la expedición del nuevo marco tarifario no constituye un requisito previo necesario para que la UAESP solicite el establecimiento de las ASE, pudiendo hacerlo con base en el marco vigente.
Consecuencias para los recicladores y cuestionamientos institucionales
Mientras tanto, la población recicladora de oficio continúa en condiciones de vulnerabilidad extrema, sin que las acciones afirmativas prometidas se materialicen. La situación ha alcanzado niveles descritos como "absurdos y macondianos", con implicaciones incluso para la Corte Constitucional, cuya intervención habría terminado, consciente o ingenuamente, al servicio de intereses alejados del orden constitucional.
El alcalde Galán enfrenta ahora cuestionamientos sobre su equipo de colaboradores, quienes aparentemente no le han aportado el rigor jurídico necesario o cuyo consejo no ha sido atendido adecuadamente. Además, surge la interrogante sobre si la exigencia de renuncia a la entonces directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, respondió realmente a la no aprobación de las ASE o a otros motivos no declarados.
La pregunta inevitable que ahora recae sobre el alcalde Galán es si su administración accedió a presiones del Gobierno Nacional o de la CRA, y cuáles fueron las verdaderas razones detrás de las decisiones tomadas en esta crisis que afecta a millones de bogotanos.
