Un tribunal de arbitramento estudia una nueva reclamación millonaria del operador del relleno sanitario Doña Juana, el consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Bogotá. La disputa asciende a 330.932 millones de pesos, incluyendo la actualización de las sumas demandadas, y reabre la controversia sobre los costos y el equilibrio económico del contrato de concesión.
El proceso arbitral fue radicado el 29 de septiembre de 2023 y corresponde al tercer tribunal de arbitramento convocado por el concesionario desde que inició la operación del relleno en 2010. Básicamente, los reclamos de CGR son los mismos: el operador argumenta que durante la ejecución del contrato asumió costos, gastos e inversiones que no fueron cubiertos en la remuneración pactada. Entre esos conceptos se encuentran modificaciones de la licencia ambiental, actividades de cierre y posclausura, inversiones en maquinaria e infraestructura, así como recursos destinados a la planta de tratamiento de lixiviados y costos de financiación.
Antecedentes de los tribunales de arbitramento
Este caso se suma a una relación contractual marcada por disputas en los estrados judiciales entre el operador y la Uaesp. En un primer tribunal, decidido en 2018, las pretensiones del operador fueron en su mayoría negadas. Por el contrario, se declararon incumplimientos del concesionario, lo que derivó en una condena económica en su contra.
En el segundo proceso, fallado en abril de 2023, otro tribunal desestimó pretensiones del consorcio y solo ordenó pagos a su favor por alrededor de 65.500 millones de pesos, mucho menos de los 1,2 billones de pesos a los que aspiraba. También estableció incumplimientos de CGR y una sanción económica. Los únicos puntos que prosperaron a favor de CGR fueron la obligación de construir vías nuevas y la definición de la maquinaria permanente del relleno.
Parte de ese laudo fue posteriormente anulado de forma parcial por el Consejo de Estado, específicamente en lo relacionado con la insuficiencia tarifaria de disposición final entre 2017 y 2018. Esa sentencia declaró “infundado” el recurso de anulación promovido por el operador y le dio la razón a la Uaesp al declarar “parcialmente fundado” el recurso de la entidad. Tras esa decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca asumió el conocimiento del expediente para resolver de fondo si existió un desequilibrio económico en el contrato. Está pendiente dicha decisión.
El nuevo tribunal y los mismos ejes de discusión
El nuevo tribunal lo integran los juristas Luis Guillermo Dávila Vinueza, Germán Alonso Gómez Burgos y Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta. El litigio mantiene en discusión los mismos ejes: la distribución de riesgos, la cobertura de los costos operativos y las condiciones financieras del contrato de concesión del principal sitio de disposición de residuos de la capital colombiana.
Cabe recordar que CGR ganó en 2010 la licitación del relleno porque ofreció un descuento del 10 por ciento sobre la remuneración, lo que le dio una ventaja sobre los otros proponentes. Sin embargo, poco después de iniciado el contrato empezó a reclamar por los costos de la operación y las tarifas.
Vida útil del relleno y proyecciones
El relleno ha venido operando en medio de una modificación de la licencia ambiental que le permitió a CGR ocupar una zona para darle estabilidad al relleno (obra de contrapeso) y el desarrollo de tecnologías. Todo eso ha permitido prolongar la vida útil de Doña Juana. En un principio se hablaba de que la capacidad llegaba hasta mediados de 2024; luego, hasta 2027, y ahora se proyecta que se copará en 2029.
Para ese año se espera que llegue a la cota máxima: 2.999 metros sobre el nivel del mar. No obstante, esto depende de la operación, la producción de residuos que tenga la ciudad y de otras acciones que tome la Uaesp, como aumentar el aprovechamiento. A Doña Juana llegan 5.671 toneladas de residuos al día, volumen dispuesto mediante el sistema de enterramiento.
