Bogotá redefine las reglas para ventas ambulantes con nuevo decreto distrital
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dado un paso significativo en la gestión del espacio público mediante la expedición del Decreto 117 de 2026, una normativa que transforma radicalmente el modelo de regulación para las ventas ambulantes en la capital colombiana. Esta iniciativa busca establecer un equilibrio entre el derecho al trabajo de los vendedores informales y las necesidades de movilidad, seguridad y disfrute ciudadano de los espacios urbanos.
Transformación estructural en la gestión del espacio público
El decreto representa un cambio fundamental en la administración del espacio público bogotano, al pasar de un esquema de control disperso y poco efectivo a un sistema basado en criterios técnicos, delimitación territorial y reglas claras. Según las autoridades distritales, el objetivo central es organizar y recuperar estos espacios bajo la premisa de que "ordenar es proteger", creando condiciones para una mejor convivencia urbana.
Zonificación diferenciada: áreas permitidas y restringidas
Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es la implementación de un sistema de zonificación diferenciada:
- Zonas de Manejo Especial: Áreas donde quedará completamente prohibida la venta ambulante, principalmente por razones de seguridad y alta circulación de personas.
- Espacios autorizados: Sectores específicamente habilitados para el ejercicio de esta actividad económica bajo condiciones previamente establecidas.
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) será la entidad encargada de determinar la capacidad de carga de cada zona, estableciendo límites precisos para evitar la saturación del espacio público. Además, se establece la obligatoriedad del registro en el Instituto para la Economía Social (IPES), aunque este trámite no constituye un permiso ni otorga derechos adquiridos sobre el espacio.
Reforzamiento de medidas de seguridad y control
La nueva regulación introduce restricciones específicas para garantizar la seguridad y funcionalidad del espacio público:
- Prohibición de estructuras que afecten la movilidad peatonal y vehicular.
- Veda absoluta de ocupación en rutas de evacuación, puentes peatonales y accesos al sistema de transporte masivo.
- Restricción del uso y almacenamiento de cilindros de gas o sustancias inflamables en el espacio público, permitiéndose solo en establecimientos formales que cumplan requisitos técnicos.
- Regulación estricta de actividades como tatuajes, piercings o servicios de barbería, que deberán ajustarse a normativas nacionales.
- Control reforzado sobre la venta de alimentos, exigiendo el cumplimiento de estándares de salubridad vigentes.
- Ratificación de la prohibición de comercializar productos ilegales, pólvora, sustancias peligrosas y armas blancas.
Alternativas y protección para vendedores informales
A pesar del endurecimiento normativo, la administración distrital ha incorporado medidas de protección para los trabajadores informales. El decreto establece que ninguna intervención será arbitraria y que se deberán ofrecer alternativas reales a quienes dependan económicamente de esta actividad.
El IPES liderará una oferta institucional que incluye:
- Procesos de reubicación en zonas autorizadas
- Acceso a programas de formación y capacitación
- Opciones de emprendimiento y reconversión laboral
- Acompañamiento social y económico
Según datos del Distrito, actualmente existen aproximadamente 19.000 vendedores caracterizados en la ciudad, población que recibirá atención especial para evitar que las medidas de control se traduzcan en pérdida total de ingresos.
Implementación coordinada y desafíos futuros
La ejecución del decreto estará a cargo de múltiples entidades distritales, incluyendo la Secretaría de Gobierno, el DADEP, la Secretaría de Seguridad y el IPES, en coordinación con las alcaldías locales y la Policía Nacional. Este modelo plantea el desafío de lograr una mejor convivencia urbana sin generar tensiones sociales con los trabajadores informales.
Con esta regulación, Bogotá avanza hacia un modelo de espacio público más organizado, seguro y funcional, combinando el control institucional con políticas de inclusión social que buscan proteger tanto los derechos de los vendedores como los intereses generales de la ciudadanía.
