Cuestionamientos técnicos a emergencia económica de 8 billones para Córdoba
En medio de las graves inundaciones que afectan a Córdoba, el Gobierno Nacional ha declarado una emergencia económica por 8 billones de pesos, cifra que ha generado fuertes cuestionamientos desde la academia y análisis técnicos. Expertos económicos señalan que el monto carece de sustento técnico sólido y parece responder más a cálculos políticos que a evaluaciones rigurosas de daños.
Críticas desde la academia
Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, manifestó su preocupación por la rapidez con que se ha establecido la cifra. "Lo primero que uno podría llamar en términos de sospecha es que es la mitad del recurso de la ley de financiamiento por 16 billones de pesos", señaló el experto, sugiriendo que el número parece acomodarse a contextos políticos previos más que a evaluaciones técnicas.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y actual CEO de Lumen Economic Intelligence, fue más contundente: "Una cifra de $8 billones cuando la emergencia aún está en curso luce más como un número sin sustento que como el resultado de una cuantificación técnica consolidada". Según Mejía, para realizar estimaciones rigurosas se necesitan inventarios preliminares de daños físicos, valoraciones sectoriales y cronogramas de ejecución que aún no existen.
Propuesta gubernamental y alternativas territoriales
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó la medida argumentando que el país enfrenta hechos "claramente sobrevinientes e impredecibles" que requieren recursos extraordinarios. La propuesta del Gobierno se centra en establecer un impuesto al patrimonio a personas jurídicas, específicamente a unas 15.000 empresas con patrimonios líquidos superiores a los 10.000 millones de pesos.
Sin embargo, desde los territorios ha surgido una alternativa que busca evitar nuevos impuestos. Erasmo Zuleta Bechara, presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, propuso utilizar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías, que ascienden a más de 6 billones de pesos. "Estos fondos pueden destinarse a la atención de desastres sin desfinanciar a las entidades territoriales", afirmó el mandatario regional.
Impacto económico y preocupaciones sectoriales
Los expertos advierten sobre los efectos negativos que podría tener el impuesto propuesto por el Gobierno. Salazar Sáenz explicó que aplicar un impuesto al patrimonio a las empresas es "bastante atípico en el mundo" y podría provocar que compañías cierren o abandonen el país, afectando directamente el crecimiento económico y el empleo.
Mejía agregó que el impuesto "grava el stock de capital" y "reduce capacidad de inversión, incentiva endeudamiento y encarece el costo de capital". El experto señaló que muchas de las empresas afectadas no son grandes conglomerados, sino empresas regionales con márgenes estrechos que ya operan en un entorno de desaceleración económica.
Magnitud de la crisis en Córdoba
La situación en Córdoba es crítica según los reportes oficiales. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, informó que se proyectan 157.000 hectáreas afectadas, daños en 160 vías, 24 puentes y deterioro de centros de salud y educativos. A nivel nacional, entre el 1 y el 9 de febrero se registraron 58.020 familias afectadas y 18 personas fallecidas en 16 departamentos.
El presidente Gustavo Petro sostuvo que la reparación total de los daños podría costar "16 billones mal contados" y atribuyó el déficit fiscal actual a decisiones de administraciones pasadas. El mandatario afirmó que la solución debe salir "de los ricos", refiriéndose a su propuesta de nuevos impuestos a sectores de mayores recursos.
Perspectivas de gestión estructural
Los expertos coinciden en la necesidad de una gestión más estructural de los riesgos climáticos. Salazar Sáenz criticó que, a pesar de que el calentamiento global hace estos eventos cada vez más previsibles, el Gobierno actúe de manera reactiva. "Si los gobiernos van a esperar a una inundación para luego sacar medidas tributarias, se ve como un gobierno desordenado", afirmó.
Como alternativa, el economista propone racionalizar los beneficios tributarios, que en 2023 ascendieron a 136 billones de pesos, y fortalecer la lucha contra el contrabando. "Estos recursos suenan como algo que nos puede ayudar a incrementar el recaudo tributario para que la siguiente emergencia no nos coja con tener que buscar hacer medidas apresuradas", concluyó.
La próxima cumbre de mandatarios departamentales, programada para el 18 y 19 de febrero, será crucial para definir la estrategia final de atención a la crisis, en medio de tensiones entre el enfoque centralista del Gobierno Nacional y las propuestas descentralizadas de los territorios.
