Procuraduría inicia investigación disciplinaria por manejo del embalse de Urrá
La Procuraduría General de la Nación ha abierto formalmente una investigación disciplinaria contra Irene Vélez Torres, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y otros seis funcionarios públicos por presuntas negligencias en la operación del embalse de Urrá, ubicado en el departamento de Córdoba. Este proceso se produce tras las graves inundaciones que afectaron la cuenca del río Sinú a comienzos del año 2026, eventos que fueron atribuidos a lluvias atípicas pero que, según las autoridades de control, podrían haberse mitigado con una gestión adecuada de la represa hidroeléctrica.
Funcionarios investigados y cargos específicos
Además de Irene Vélez, la investigación incluye a Camilo Alexander Rincón, subdirector de la ANLA; Libardo Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas; Orlando Rodrigo Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); Enrique Kerguelen, presidente de Urrá S.A. E.S.P.; y Juan Acevedo, expresidente de la misma empresa. La decisión de abrir el proceso disciplinario se tomó luego de una actuación preventiva realizada por una procuradora delegada con funciones mixtas, quien durante las últimas semanas recopiló y requirió información detallada sobre las decisiones operativas relacionadas con la planta.
El documento que formaliza la investigación señala que existiría "una presunta operación negligente y con incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) por parte de Urrá S.A. E.S.P.". Según la Procuraduría, la empresa habría infringido la regla de operación de la represa hidroeléctrica, priorizando la generación de energía eléctrica por encima de la regulación de caudales para prevenir inundaciones, además de fallar en la gestión del riesgo de desastres.
Responsabilidades específicas de la ANLA y la Superintendencia
En el caso particular de Irene Vélez, se investiga una presunta inobservancia ante el incumplimiento de la Curva Guía Máxima (CGM), que es el nivel máximo del embalse diseñado para mantener un volumen vacío que permita absorber crecientes súbitas. Esta norma debía ser acatada por la empresa Urrá desde el año 2024, según los requerimientos técnicos establecidos. La Procuraduría sostiene que la ANLA habría incurrido en una omisión del deber de vigilancia, control y aplicación del principio de prevención, con una intervención calificada como "tardía y reactiva" frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos que ya eran conocidos por la autoridad ambiental.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también enfrenta cuestionamientos, ya que según la investigación, esta entidad tenía conocimiento de irregularidades en la operación de Urrá, pero sus actuaciones no fueron "suficientemente proactivas" para evitar el desastre ambiental y social que se produjo con las inundaciones.
Respuesta institucional y próximos pasos
La ANLA confirmó a medios de comunicación que, hasta las seis de la tarde del jueves 26 de marzo, no habían recibido notificación formal por parte de la Procuraduría. La entidad indicó que, una vez notificada, dará a conocer su posición oficial frente a la investigación disciplinaria. Según el procedimiento establecido, la ANLA y los demás funcionarios investigados tendrán un plazo de diez días hábiles para entregar la información requerida, la cual pasará a formar parte del expediente del proceso que ahora adelanta el ente de control.
Este caso pone en evidencia las complejidades en la gestión de infraestructuras críticas como el embalse de Urrá, donde deben balancearse múltiples objetivos: la generación de energía, la prevención de inundaciones y la protección ambiental. La investigación de la Procuraduría busca determinar responsabilidades específicas en lo que podría configurarse como un fallo sistémico en la supervisión y operación de una obra de gran impacto en el territorio cordobés.
