En sesión de control político, el Concejo de Piedecuesta debatió este jueves los reclamos por el alza del impuesto predial tras la actualización catastral del 2025. El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), gestor del proceso, no asistió a la sesión, generando malestar entre corporados y comunidad.
Ausencia del AMB marca el debate
El Área Metropolitana de Bucaramanga, responsable de la actualización catastral, no envió representantes a la sesión. Desde el AMB aseguran que nunca fueron invitados, pese a que corporados y veedores sostienen lo contrario. La comunidad reclama incrementos que en algunos casos superan el 100 %.
Cabe recordar que el AMB ejerce como gestor catastral de Piedecuesta desde 2019, por delegación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La actualización de los avalúos en la vigencia 2025 derivó en un paro del sector rural, con bloqueos viales y mesas de diálogo que dejaron algunos compromisos aún pendientes.
Reclamos de la veeduría
La veeduría Unidos por un Catastro Justo, representada por Adriana Uribe, afirma que el AMB adelantó la actualización sin ajustarse a los tiempos ni a los estándares técnicos que exige el IGAC. Más del 70 % del territorio de Piedecuesta es rural, con predios sin vías de acceso, sin acueducto y sin servicio de gas. A muchos predios se les aplicó, según la veeduría, un ‘tratamiento diferenciado’ respecto a predios con mejor infraestructura. Además, algunos campesinos denunciaron que nunca recibieron visita en terreno y que se enteraron del nuevo avalúo cuando les llegó el recibo, con aumentos que en muchos hogares comprometen el presupuesto familiar.
Peticiones de la comunidad
Entre las peticiones del pliego figuran la suspensión de los cobros, la reliquidación de oficio del impuesto, la publicación en el sitio web municipal de todos los actos administrativos relacionados con la actualización y la habilitación de un punto de atención especializado para la población vulnerable. Los compromisos en discusión fueron firmados en el acta del 15 de abril de 2026, como resultado de una mesa de diálogo interinstitucional convocada tras el paro rural, con participación de la Alcaldía, el AMB, la Personería, la Defensoría del Pueblo y líderes comunitarios.
La Administración local ha ratificado la suscripción de un nuevo convenio con el AMB, pero la veeduría advierte que puntos como la suspensión de cobros, la reliquidación de oficio y la publicación de los actos administrativos del proceso no quedaron incluidos en el proyecto de acuerdo que debate el Concejo.
Defensa de la Alcaldía
El secretario de Hacienda, Jhonattan Siza Bastilla, respondió el pliego en la sesión e informó que la Administración suscribió dos convenios con el AMB para fortalecer el servicio catastral y que el supervisor de esos contratos es el propio despacho de Hacienda. “Los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales están en cabeza propia mía, no solo como ordenador del gasto, sino también como supervisor del contrato”, señaló.
La Alcaldía sostuvo que no es jurídicamente procedente suspender cobros ni reliquidar de oficio, por cuanto los actos del gestor catastral gozan de presunción de legalidad, conforme a la Ley 1437 de 2011, y el Estatuto Tributario Nacional le otorga un término de hasta cinco años para expedir la liquidación oficial.
Incrementos reportados
En respuesta al derecho de petición de la concejala Sandra Duarte Becerra, la Secretaría de Hacienda reconoció que 3.798 predios registraron incrementos por encima de los límites generales establecidos por la Ley 1995 de 2019: 3.789 con alzas entre el 50 % y el 100 % respecto al año anterior, y nueve predios con aumentos superiores al 100 %. La Alcaldía argumentó que estos casos se ampararon en excepciones legales previstas en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, aplicables a predios actualizados catastralmente.
Silencio del Área Metropolitana
El AMB no envió representantes a la sesión, pese a ser la entidad directamente señalada por la comunidad. Aseguran que la directora no fue invitada al debate. Su postura institucional reposa en la Resolución 000343 del 4 de diciembre de 2025, con la que creó diez nuevas zonas homogéneas físicas rurales y una zona geoeconómica nueva para el suelo rural del municipio, por vía de “conservación catastral oficiosa”. Según el artículo séptimo del mismo acto administrativo, contra dicha resolución no proceden recursos. La Alcaldía reconoció por escrito que ni el IGAC ni la Superintendencia de Notariado han realizado visitas de supervisión o auditoría al proceso.
Duarte Becerra señaló que, según le informó la Secretaría del Concejo, la invitación al AMB fue remitida por correo electrónico y reposa en los registros de la corporación.
Lo que está en juego
Entre 2024 y 2025, la Alcaldía le pagó al AMB aproximadamente 2.455 millones de pesos por el proceso catastral. En la vigencia 2025 se radicaron 103 derechos de petición relacionados con el predial, de los cuales solo 14 terminaron en devolución o compensación a favor del contribuyente.
Por su parte, el alcalde Oscar Santos radicó un proyecto de acuerdo que otorga plazos de pago a los contribuyentes afectados y el Concejo deberá debatirlo antes del 30 de abril. Mientras tanto, la veeduría ya anunció que prepara nuevas acciones si los compromisos pactados durante el paro no quedan incluidos en el texto final.
