Santander denuncia represalia política del gobierno Petro por resultados electorales
En el sentir colectivo de los santandereanos, la actitud del presidente Gustavo Petro hacia el departamento ha superado la simple indiferencia para instalarse en un terreno éticamente reprochable: el de la represalia política directa. Cada decisión gubernamental, cada omisión deliberada, cada recorte presupuestal y cada obra cancelada, como emblemáticamente ocurrió con la variante de San Gil, parecen constituir la aplicación sistemática de un castigo por aquel histórico 19 de junio cuando la mayoría regional marcó una casilla diferente a la del candidato del Pacto Histórico.
El principio constitucional vulnerado
La Constitución Nacional establece con claridad meridiana, y la ley lo refuerza, que quien gobierna debe hacerlo para todos los colombianos sin distinciones de credo, origen o, especialmente, inclinación política. Sin embargo, la honestidad elemental y el sentido común imponen una verdad aún más básica: no se puede maltratar a una población entera por el ejercicio legítimo de su libre decisión en las urnas. Gobernar no significa premiar a los aliados mientras se desatiende sistemáticamente a los adversarios, sino servir con igual esmero y compromiso tanto a quienes lo eligieron como a quienes no.
Los santandereanos perciben con amargura que esta premisa fundamental ha sido ignorada. Se sienten segregados por un presidente que parece concentrar su atención e inversión pública principalmente en territorios que le han sido políticamente más afines, dejando a Santander en un preocupante segundo plano.
Promesas incumplidas y proyectos archivados
Las grandes obras prometidas en materia de infraestructura vial simplemente no se materializaron; los proyectos de conectividad que requiere una economía pujante como la santandereana duermen el sueño de los justos en archivos olvidados. Ni siquiera el sector agrícola, del cual el mandatario frecuentemente expresa cercanía retórica, ha recibido el impulso transformador que nuestros campos necesitan con urgencia.
¿Qué ha sucedido con los recursos destinados a la educación departamental? ¿Dónde quedaron los compromisos concretos de apoyo a la competitividad industrial regional? Estas preguntas resuenan en la comunidad sin obtener respuestas satisfactorias desde el gobierno nacional.
Un precedente peligroso para la democracia
La situación trasciende la simple injusticia presente para establecer un precedente sumamente peligroso. Si un presidente considera legítimo marginar a un departamento completo por razones estrictamente políticas, ¿qué queda entonces del Estado social de derecho que tanto se pregona? La equidad territorial no constituye un mero adorno retórico, sino un mandato constitucional que este gobierno ha desconocido flagrantemente en lo que respecta a Santander.
Los santandereanos, que históricamente han aportado de manera significativa a la construcción nacional y que con esfuerzo propio se han consolidado como la cuarta economía del país, merecen respeto genuino, no desprecio institucionalizado. No se reclaman privilegios indebidos, sino equidad y justicia en el trato. No se exige un tratamiento especial, sino el mismo nivel de atención que reciben aquellas regiones que sí optaron por el presidente en las urnas.
Demandas concretas y silencio gubernamental
Las exigencias son claras y fundamentales:
- Infraestructura vial en condiciones
- Inversión sustancial en educación pública
- Apoyo decidido al sector agrícola
- Fomento a la industria regional
Sin embargo, desde el Palacio de Nariño sólo ha habido un silencio ensordecedor, y cuando eventualmente hay pronunciamientos, suelen orientarse a ignorar o minimizar las demandas legítimas de la región.
Una voz que se alza desde la dignidad
Por estas razones, Santander alza su voz no desde el rencor, sino desde la dignidad que le sobra. Se rechaza contundentemente el maltrato institucionalizado y se busca hacer entender al presidente que Santander permanecerá firme, con su gente trabajadora y su imparable marcha hacia el progreso. La historia, finalmente, juzgará a quienes utilizan el poder público con distintos raseros, pues gobernar auténticamente significa construir puentes de unidad, no demolerlos con acciones mezquinas.
