Un fallo judicial que transforma vidas con perspectiva de género
La historia de Rosa*, una mujer de 64 años del departamento de Caldas, representa el drama silencioso que viven miles de colombianas mayores que enfrentan violencia en sus hogares. Durante dos años, esta mujer cargó con el peso del cuidado de su esposo Jorge*, quien desarrolló trastornos mentales severos que se manifestaban en agresiones sexuales y conductas peligrosas que ponían en riesgo su integridad física y emocional.
La desesperada búsqueda de ayuda
Rosa abandonó su trabajo para dedicarse completamente al cuidado de su esposo, viendo cómo sus ingresos se reducían a menos de 600.000 pesos mensuales. Las noches se convirtieron en momentos de terror, obligándola a dormir en una habitación diferente y a trabar la puerta con un armario para evitar los ataques. Su salud también se deterioró, dejando sin tratamiento la hipertensión que padece por falta de tiempo y recursos.
"No puede someterse a una persona que, por garantizar los derechos de un tercero, sobreponga su integridad, salud e incluso su existencia", señala textualmente la sentencia que cambiaría su vida.
La intervención judicial que marcó la diferencia
En 2024, la jueza Diana Candamil de Manizales recibió una tutela en la que Rosa solicitaba que Sanitas EPS, como entidad de salud responsable, trasladara a Jorge a un centro psiquiátrico. La magistrada de 37 años identificó que el caso iba más allá de una simple solicitud de internación.
"Dejar a Jorge en casa en ese momento era condenarla a seguir viviendo en ese círculo de violencia, pues fue la desatención médica la que detonó esas conductas", explicó Candamil en entrevista.
Un enfoque integral que protege derechos fundamentales
La jueza determinó que la solución no era simplemente obligar a la internación psiquiátrica, sino garantizar un tratamiento médico adecuado que permitiera estabilizar a Jorge y, eventualmente, posibilitar su retorno al hogar con cuidados apropiados. La sentencia ordenó a Sanitas EPS conformar una junta médica especializada para evaluar y tratar al paciente.
Lo más innovador del fallo fue su enfoque de género, reconociendo que Rosa, como mujer mayor en situación de vulnerabilidad económica, requería protección especial. La magistrada consideró múltiples factores:
- La condición de salud mental de Jorge diagnosticada como parkinsonismo y atrofia cerebral progresiva
- La situación económica precaria de la pareja
- Los antecedentes de violencia sexual y física contra Rosa
- La necesidad de tratamientos neurológicos especializados
- El derecho de Rosa a vivir sin miedo y en condiciones dignas
Reconocimiento nacional y precedente histórico
La Comisión de Género de la Rama Judicial premió esta sentencia entre 48 fallos postulados, destacando que "protege derechos fundamentales y elimina patrones de discriminación". El caso demostró cómo la justicia puede resolver problemas complejos que involucran violencia intrafamiliar, salud mental y derechos de las mujeres mayores.
Candamil enfatizó que implementar la perspectiva de género debe ser norma en la administración de justicia: "La justicia y la sentencia, más que el papel, es la posibilidad de cambiar la vida de las personas".
Un camino tortuoso hacia la justicia
El expediente reveló que Rosa enfrentó múltiples obstáculos antes de llegar a esta solución. Tuvo que presentar tres tutelas para que su esposo recibiera diagnósticos y tratamientos adecuados, enfrentándose inicialmente a diagnósticos erróneos como "retraso mental leve" que no correspondían a la realidad clínica.
La sentencia establece un precedente importante al demostrar que los casos de violencia que involucran personas con trastornos mentales requieren soluciones integrales que protejan tanto al paciente como a sus cuidadores, especialmente cuando estos últimos son mujeres en situación de vulnerabilidad.
*Nombres modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas.
