Un grupo de académicos de universidades como EAFIT, Universidad de Antioquia, Universidad del Rosario y Universidad EIA solicitó al próximo Gobierno implementar desde el primer día un plan de choque financiero para estabilizar el sistema de salud en Colombia. El llamado incluye sanear la cartera hospitalaria, ajustar técnicamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y fortalecer la gestión de recursos desde la ADRES, en medio de una crisis que ya afecta la atención de millones de ciudadanos.
Crisis del sistema de salud exige plan financiero
El comunicado, titulado “La academia se pronuncia”, advierte que “Colombia aún está a tiempo para enfrentar con éxito la crisis del sistema de salud”. Sin embargo, el diagnóstico es severo. Los académicos sostienen que el país atraviesa una de las coyunturas más críticas de su historia reciente en salud, con deterioro en la gobernanza, la sostenibilidad financiera y la capacidad real de garantizar acceso oportuno a los servicios.
El documento señala que lo que durante décadas fue reconocido como un modelo de aseguramiento con avances importantes en cobertura, protección financiera y equidad hoy muestra señales de desgaste. La preocupación central está en que el deterioro no se limita a una discusión institucional, sino que tiene efectos directos sobre la red hospitalaria, la provisión de medicamentos y la oportunidad en la atención de los pacientes.
Según los firmantes, el problema responde a varias dimensiones que se han acumulado en los últimos años. Entre ellas mencionan el desfinanciamiento progresivo del sistema, decisiones institucionales que han debilitado su arquitectura y capacidad de gestión, insuficiencia de recursos frente a las necesidades reales en salud, retrasos en los flujos financieros, aumento de la siniestralidad y debilitamiento de aseguradores o gestores.
Cartera hospitalaria, UPC y ADRES, ejes del llamado académico
Frente a ese panorama, la academia pidió al Gobierno adoptar un conjunto de acciones concretas. La primera medida propuesta es un “plan de choque financiero que sanee la cartera hospitalaria, ajuste de manera técnica la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y fortalezca la gestión de los recursos desde la ADRES, con criterios estrictamente técnicos”.
La cartera hospitalaria aparece como uno de los puntos más sensibles del diagnóstico, porque concentra los atrasos y tensiones financieras que afectan a hospitales y clínicas. Para los académicos, sanear esas obligaciones es una condición necesaria para estabilizar la prestación de servicios y recuperar capacidad de respuesta. El texto es enfático al advertir que “sin este primer paso, cualquier reforma estructural será inviable”.
El ajuste técnico de la UPC también ocupa un lugar central en la propuesta. En el sistema de salud, la Unidad de Pago por Capitación es el valor que reconoce el sistema por cada afiliado para cubrir la atención. El comunicado no plantea una cifra ni una fórmula, pero sí insiste en que su definición debe responder a criterios técnicos, de manera que los recursos se acerquen a las necesidades reales de atención.
Pacientes enfrentan barreras, medicamentos y gasto de bolsillo
La alerta de los académicos no se queda en las cuentas del sistema. El comunicado sostiene que el desbalance financiero ya tiene efectos “visibles y preocupantes” sobre los pacientes. Entre ellos menciona el aumento de barreras de acceso a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos, las fallas recurrentes en el suministro de medicamentos esenciales y el incremento del gasto de bolsillo de los hogares cuando el sistema no responde oportunamente.
En esa línea, el texto conecta la sostenibilidad financiera con la estabilidad de la red prestadora. La academia afirma que la red hospitalaria enfrenta una “situación crítica”, expresada en un deterioro sin precedentes de la oferta de servicios. Por eso pide incentivos concretos para la reapertura de servicios cerrados y medidas que faciliten la operación de los prestadores, bajo una premisa directa: “sin prestadores fuertes, no hay sistema que funcione”.
El comunicado también advierte sobre los riesgos de la incertidumbre institucional. Según los académicos, la idea de trasladar masivamente afiliados a entidades con limitaciones operativas y alta concentración de usuarios generaba riesgos de colapso en la atención, afectando la continuidad de tratamientos y la seguridad de los pacientes. En ese contexto, mencionan que a cierre de 2025 la Nueva EPS concentraba más del 22% del total de afiliados.
Gobernanza, información y sostenibilidad laboral del sistema
Además del frente financiero, el pronunciamiento pide garantizar la estabilidad del sistema de salud durante procesos de intervención o liquidación de entidades. Esto implica, según el texto, asegurar la continuidad en la prestación de servicios y acompañar a los aseguradores para que cumplan estándares de capacidad operativa. La prioridad, agregan, debe ser restablecer la confianza ciudadana y preservar entidades con experiencia en coordinación de servicios.
Otro componente del llamado es la transparencia y el uso de información. Los académicos recuerdan que Colombia cuenta con herramientas como SISPRO, RIPS y la Cuenta de Alto Costo, pero advierten que su potencial sigue subutilizado. Por ello proponen consolidar un sistema de información integrado y público, que simplifique la captura de datos, controle su calidad y facilite decisiones basadas en evidencia sobre el desempeño del sistema.
De cara al futuro, el documento plantea avanzar en una estrategia de salud digital que incorpore inteligencia artificial, interoperabilidad de la historia clínica y analítica de datos para mejorar eficiencia, oportunidad y calidad de la atención. También vincula la sostenibilidad del sistema con el mercado laboral, al advertir que la alta informalidad limita el alcance del aseguramiento y debilita sus fuentes de financiación.
El cierre del comunicado resume el tono de urgencia del pronunciamiento académico. Para los firmantes, Colombia debe reconocer la gravedad de la situación y actuar con rapidez, dentro de una gobernanza que recupere la responsabilidad y el rigor técnico en la gestión de la salud. Su llamado final es poner nuevamente al paciente en el centro y garantizar el derecho fundamental a la salud.
