Durante el Tercer Foro Farmacéutico Latinoamericano, celebrado en Bogotá, se puso de manifiesto una preocupación central para el sistema de salud colombiano: la elevada dependencia de medicamentos importados. En la actualidad, más del 70% de los fármacos consumidos en el país provienen del exterior, lo que incrementa la vulnerabilidad ante crisis internacionales y decisiones políticas externas.
Riesgos de la dependencia externa
Representantes de la industria y del Gobierno coincidieron en que esta situación no solo afecta el acceso oportuno a tratamientos, sino que también limita la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias o tensiones comerciales. Un ejemplo reciente es el caso de Ecuador, que depende en cerca de un 60% de medicamentos colombianos y ha visto afectado ese flujo por decisiones arancelarias, evidenciando cómo factores políticos pueden alterar el abastecimiento regional.
Olga Lucía Cadena, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), señaló la necesidad de fortalecer la industria local como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. “La industria nacional no solo favorece la competencia, sino que sostiene el mercado”, afirmó Cadena, quien además destacó la importancia de impulsar la investigación, los estudios clínicos, la producción de medicamentos biológicos y el desarrollo de infraestructura.
Hacia una política farmacéutica nacional
Para Cadena, el reto no se limita a cubrir necesidades básicas, sino a consolidar una industria robusta que reduzca la dependencia externa. Esto requiere una articulación efectiva entre el Gobierno y el sector productivo, así como la implementación de políticas que fomenten la innovación y la producción local.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, coincidió en la necesidad de avanzar hacia lo que denominó “soberanía sanitaria”, entendida como la capacidad del país para garantizar el acceso a medicamentos y servicios de salud sin depender de actores externos. “El interés no es marchitar el sistema de salud, sino corregir sus problemas estructurales”, afirmó Jaramillo, quien defendió la reforma impulsada por el Ejecutivo como herramienta para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.
Jaramillo destacó que para 2026 el gasto en salud alcanzará los 25 billones de pesos y aseguró que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha estado por encima de la inflación. Sin embargo, enfatizó que los problemas del sistema no radican en la falta de recursos, sino en su gestión.
Crítica al modelo de EPS y avances
En el foro, el ministro criticó el modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), señalando que desde 2020 se ha evidenciado una crisis sostenida. Entre 2021 y 2024 se identificaron 14,28 billones de pesos sin claridad sobre su uso, además de prácticas irregulares como cobros por servicios a personas fallecidas y sobrecostos en facturación. “La deuda de las EPS no intervenidas ha aumentado más de un 100% en el último año”, indicó, por lo que la reforma busca que estas entidades dejen de manejar directamente los recursos públicos y pasen a ser gestoras del sistema.
Más allá del debate estructural, el Gobierno destacó avances en política farmacéutica, incluyendo inversiones en redes hospitalarias y el impulso a la producción de medicamentos. Pese a estos progresos, Colombia necesita fortalecer su capacidad productiva en el sector farmacéutico para reducir riesgos y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos. En un entorno global cada vez más incierto, depender de otros países para el abastecimiento de fármacos no es solo un asunto económico, sino un desafío directo para la salud pública.
