La crisis del sistema de salud en Colombia continúa siendo un tema central de debate, especialmente tras la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional un decreto del Gobierno Nacional que buscaba trasladar a millones de usuarios hacia la Nueva EPS. Esta medida generó una fuerte reacción desde el Ejecutivo, que cuestionó el alcance de la decisión judicial y defendió su enfoque en la llamada “salud preventiva”. En medio de esta controversia, en La Mesa Ancha de Noticias RCN, analistas expusieron sus posturas sobre la viabilidad del sistema, el impacto en los pacientes y la sostenibilidad financiera de las entidades involucradas.
¿Quién es responsable de la crisis del sistema de salud?
Durante la conversación, la analista invitada Carolina Arbeláez señaló que la crisis no es reciente y responsabilizó al Gobierno Nacional por el deterioro progresivo del sistema. “Yo creo que aquí el que ha venido atentando contra la salud de los colombianos ha sido el Gobierno Nacional. Con tanta improvisación, lo que está haciendo el Consejo de Estado es poner límites a esas arbitrariedades que ha venido cometiendo el Gobierno Nacional con la salud de los colombianos”, afirmó. Arbeláez advirtió que la situación afecta directamente a millones de pacientes que enfrentan dificultades en la entrega de medicamentos y en la atención médica. Además, cuestionó la forma en que se planteó el traslado masivo de usuarios hacia la Nueva EPS sin resolver problemas estructurales previos. “La Nueva EPS tiene deudas con el sistema que casi superan los 20 billones de pesos”, sostuvo, al señalar también el aumento general de la deuda del sector, que según su intervención pasó de 10 a cerca de 30 billones de pesos. Desde su perspectiva, la decisión del Gobierno de implementar cambios mediante decreto refleja una estrategia acelerada y poco sustentada jurídicamente. “Aquí hay un capricho que está convertido en decreto, como todo lo que hace el Gobierno Nacional”, concluyó.
Usuarios verían afectada su capacidad de elegir
Por su parte, otro panelista señaló que el decreto suspendido afectaría la libertad de elección de los usuarios dentro del sistema de salud. Según explicó, la norma establecía limitaciones a la presencia de EPS en ciertos territorios y fijaba cuotas de mercado. “El primero, ese derecho para un ciudadano de poder elegir cuál es la entidad de prestación de servicios de salud que quiere escoger”, indicó, al recordar que este derecho está respaldado por la Constitución y la ley estatutaria de salud. También advirtió sobre la situación financiera de la Nueva EPS y el riesgo que implicaría el traslado de millones de usuarios. Según lo expuesto, alrededor de 6.6 millones de colombianos estarían involucrados en el proceso, de los cuales 2.6 millones pasarían a la Nueva EPS. Sin embargo, señaló que la entidad no contaría con estados financieros actualizados de 2025 y ya presentaba dificultades en 2024, incluyendo problemas de reservas técnicas, liquidez y entrega de medicamentos. “La Corte dice: ojo, porque habría en riesgo la prestación del servicio de salud para más de dos millones de pacientes”, enfatizó.
¿Se puede o no salvar el sistema de salud en Colombia?
En la parte final del debate, el analista Luis Fernando Mejía planteó que el sistema enfrenta un punto crítico que compromete su sostenibilidad a futuro. “El tema de la salud va a ser uno de los elementos críticos para el próximo gobierno”, afirmó, al advertir que el sistema recibiría una carga financiera y operativa compleja. Según explicó, el reto inmediato será garantizar liquidez, corregir fallas en la atención y replantear una reforma basada en la estructura existente. “Era un sistema mejorable, pero que valía la pena mejorar sobre una base construida de más de 30 años”, concluyó. El debate continúa mientras el Gobierno y el Consejo de Estado mantienen posturas encontradas, y los usuarios del sistema de salud esperan soluciones concretas que garanticen su bienestar.
