La Nueva EPS informó que realizó un pago de 10.800 millones de pesos a la Institución Universitaria Alma Mater de Antioquia, luego de que los médicos de dicha entidad alertaran sobre una situación operativa, financiera y laboral crítica. Este abono forma parte de la deuda que la EPS mantiene con el hospital, y se espera que los 4.500 millones restantes sean cancelados durante el mes de junio.
Reapertura progresiva de servicios
Según la EPS, este pago permitirá la reapertura gradual de los servicios para la comunidad, lo que beneficiará a miles de usuarios que requieren atención integral y oportuna en el departamento de Antioquia. La medida busca aliviar la presión sobre el sistema de salud local.
Denuncias del cuerpo médico
Un día antes del pago, el 15 de mayo, el cuerpo médico del Hospital Alma Mater, compuesto por especialistas de más de 25 áreas, envió una carta a la junta directiva exponiendo la grave situación que atraviesa la institución. Entre las principales dificultades señalaron el incumplimiento sistemático de los pagos por parte de las EPS, lo que ha generado un déficit crítico de personal y el desmantelamiento de equipos.
Los médicos denunciaron renuncias masivas y sobrecarga laboral, así como la falta de insumos básicos. Muchos proveedores han cerrado el despacho debido a las deudas acumuladas, obligando al hospital a utilizar medicamentos de tercera o cuarta línea, o incluso a no proveer tratamiento por falta de existencias, lo que deriva en atenciones inseguras.
Estado de anormalidad laboral
Como consecuencia, el cuerpo médico se declaró en “estado de anormalidad laboral” a partir del 15 de mayo, lo que implica la suspensión de servicios no esenciales como consulta externa, cirugía ambulatoria y cirugía electiva. Solo se mantendrá la atención en hematología para pacientes que requieran quimioterapia para enfermedades malignas.
Declaraciones del agente interventor
Jorge Iván Ospina, agente interventor de Nueva EPS, afirmó que los esfuerzos realizados contribuyen a garantizar la continuidad de los servicios y a estabilizar las instituciones que trabajan por la salud de los colombianos. El pago de 10.800 millones representa un avance significativo, aunque persiste la preocupación por los 4.500 millones restantes.
