El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó de manera contundente la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas, un monto que la oposición cifra en 26 billones de pesos. La declaración se produjo tras un duro cruce en redes sociales con la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien alertó sobre el inminente cierre de servicios hospitalarios que ya afecta directamente la atención de miles de pacientes en todo el país.
El origen de la controversia
La controversia se encendió luego de que Valencia reportara un reciente acuerdo de emergencia entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Cancerología (INC) para desembolsar 52.000 millones de pesos en un plazo de tres meses. Si bien la congresista valoró este salvavidas financiero para asegurar la continuidad de los tratamientos oncológicos, advirtió que la medida es meramente paliativa frente a la crisis estructural del sector. “Un acuerdo de emergencia no reemplaza la confianza que el sistema necesita”, afirmó la senadora, enfatizando que persisten millonarias cuentas pendientes que asfixian a la red hospitalaria nacional.
El debate por los 26 billones de pesos que fractura al sistema
Según denuncias de usuarios y veedurías ciudadanas, la falta de liquidez habría provocado la suspensión de tratamientos de alta complejidad y el desabastecimiento de insumos básicos en regiones críticas. Para la candidata del Centro Democrático, la renuencia del Gobierno a saldar los 26 billones de pesos pendientes mantiene a clínicas y hospitales contra las cuerdas, obligándolos a restringir consultas externas y procedimientos programados de alta prioridad.
Ante este escenario de presión, el jefe de Estado respondió con un mensaje contundente en el que quitó la responsabilidad pública frente a los manejos de los administradores privados de la salud. Petro arremetió contra la propuesta de rescatar a las entidades privadas en crisis, acusando a administraciones anteriores de haber propiciado desvíos de recursos públicos:
“No señora Valencia, las deudas del estado las paga el estado. Las deudas de los particulares las pagan los particulares. Si a usted se le ocurre pagar las deudas de los dueños privados de las EPS con el dinero público, como ya hizo Duque, estafaría a todo el pueblo colombiano por 10 personas que se han robado el dinero de la salud por lustros.”
¿Qué pasará con la atención de los pacientes?
La negativa del Gobierno a cubrir los pasivos de las EPS privadas profundiza la incertidumbre sobre la viabilidad de la red de prestadores de servicios de salud (IPS). Mientras el Ejecutivo insiste en una depuración rigurosa de cuentas para evitar la malversación de fondos del Sistema General de Seguridad Social, los usuarios en salas de espera enfrentan demoras prolongadas para la asignación de citas con especialistas y la entrega de medicamentos esenciales.
Este pulso político y económico deja en vilo la estabilización de un sistema que, más allá de los giros de contingencia a instituciones de alta especialidad como el Instituto Nacional de Cancerología, exige una definición de fondo para evitar que la asfixia financiera se convierta en una posible barrera insalvable para el derecho a la salud de los colombianos.
