Gremio de aseguradoras advierte sobre grave riesgo en sistema de salud colombiano
La controversia sobre el futuro del sistema de salud en Colombia ha alcanzado un nuevo nivel de tensión luego de que la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, emitiera una contundente advertencia frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar en la liquidación de Entidades Promotoras de Salud en crisis financiera.
Advertencia sobre riesgo vital para millones de colombianos
En entrevista exclusiva con Blu Radio en Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que esta medida gubernamental "pone en riesgo la vida de millones" de ciudadanos colombianos y podría agravar significativamente la ya compleja situación del sistema sanitario nacional. Vesga argumentó que las recientes directrices del Gobierno carecen de claridad técnica y generan una profunda incertidumbre en todo el ecosistema de salud, especialmente para los usuarios afiliados a las EPS.
El gremio, que representa a importantes aseguradoras como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, alertó que las decisiones anunciadas podrían impactar directamente:
- La prestación de servicios médicos esenciales
- La entrega oportuna de medicamentos
- La continuidad de tratamientos especializados
- La estabilidad financiera del sistema
Ambiguidad en las instrucciones presidenciales
Uno de los puntos más polémicos surgió tras la instrucción del mandatario de liquidar las EPS que no cumplan con indicadores financieros, bajo la consigna de "dentro o fuera". Para la presidenta de Acemi, este mensaje resulta ambiguo y no corresponde a las competencias legales establecidas para los ministerios. "No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el Gobierno está jugando con la vida de los colombianos", afirmó Vesga con evidente preocupación.
La dirigente explicó que, desde el punto de vista técnico, las únicas entidades que actualmente podrían considerarse en quiebra son precisamente las EPS intervenidas por el propio Gobierno, que suman ocho en total. Estas concentran aproximadamente 24 millones de afiliados y registran pérdidas patrimoniales que superan los 13 billones de pesos, un deterioro que, según Acemi, se ha profundizado considerablemente en los últimos años.
Hipótesis sobre reforma administrativa
En este contexto crítico, desde el gremio se ha planteado la hipótesis de que la liquidación masiva de EPS podría representar una forma de avanzar en la reforma al sistema de salud colombiano por vía administrativa. Es decir, sin necesidad de aprobación legislativa, mediante decretos y decisiones ejecutivas directas. Para varios sectores especializados, esta estrategia buscaría reconfigurar el modelo actual y consolidar a una sola entidad como eje central del aseguramiento en salud.
Entre las EPS que estarían específicamente en la mira se encuentran:
- Famisanar
- Asmet Salud
- Coosalud
- Capresoca
Todas estas entidades presentan deterioro financiero significativo según los reportes oficiales. No obstante, Vesga destacó que las EPS privadas que aún no han sido intervenidas han logrado mantenerse operativas pese a las múltiples dificultades, lo que, en su criterio profesional, demuestra que el sistema todavía tiene capacidad de respuesta si se toman decisiones técnicas adecuadas y consensuadas.
Preocupación por la Nueva EPS
Uno de los aspectos más delicados señalados por Acemi es la situación particular de la Nueva EPS, considerada la más grande del país en términos de afiliación. Según Vesga, esta entidad se ha convertido en una "caja negra financiera", debido a la falta de transparencia en sus estados financieros, que no se actualizan desde diciembre de 2023. Esta situación genera serias dudas sobre su capacidad real para asumir un eventual traslado masivo de usuarios en caso de liquidaciones generalizadas.
La preocupación aumenta exponencialmente al considerar que la Nueva EPS sería el principal destino de millones de afiliados en caso de una liquidación generalizada. De acuerdo con estimaciones técnicas preliminares, sus pasivos podrían oscilar entre los 15 y 20 billones de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de toda la red nacional de atención en salud.
Cuestionamientos desde la experiencia técnica
El debate se desarrolla en paralelo a las declaraciones del exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien también cuestionó abiertamente la estrategia del Gobierno y respondió a los señalamientos públicos del presidente Petro. Durante un reciente Consejo de Ministros, el mandatario insinuó presuntos vínculos del exfuncionario con diversas EPS, lo que Aristizábal calificó como afirmaciones "infames, cínicas y descaradas".
El exsuperintendente fue enfático en negar cualquier relación contractual con estas entidades tras su salida del cargo y defendió su trayectoria profesional en el sector. Además, advirtió que la forma en que se están tomando decisiones sobre la liquidación de EPS podría generar un riesgo sistémico en el sistema de salud colombiano, especialmente si los usuarios son trasladados masivamente a entidades con problemas financieros similares o peores.
Defensa gubernamental y cifras alarmantes
El Gobierno nacional, por su parte, ha defendido consistentemente la decisión de liquidar las EPS argumentando que el sistema enfrenta una crisis estructural profunda. Según el presidente Petro, las deudas acumuladas superan los 32 billones de pesos, lo que hace inviable la continuidad del modelo actual de aseguramiento. Además, ha señalado que existen problemas graves de gestión y presuntos manejos indebidos de recursos por parte de algunas entidades específicas.
Dentro de las EPS intervenidas que podrían entrar en proceso de liquidación inmediata se encuentran:
- Nueva EPS
- Famisanar
- Coosalud
- Asmet Salud
- Emssanar
- Savia Salud
- Servicio Occidental de Salud
- Capresoca
En conjunto, estas entidades concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que representa aproximadamente el 43% de la población colombiana, según las últimas estadísticas oficiales disponibles.
Advertencias de expertos y llamado urgente
Expertos independientes en salud pública han advertido reiteradamente que una liquidación masiva de EPS podría generar consecuencias graves como:
- Congestión crítica en hospitales y clínicas
- Interrupciones peligrosas en tratamientos médicos
- Fallas sistémicas en la atención médica de urgencia
- Colapso administrativo en instituciones sanitarias
De hecho, ya se han reportado retrasos significativos en servicios básicos, dificultades crecientes en autorizaciones médicas y un aumento alarmante en las quejas de usuarios en diversas regiones del país.
Frente a este panorama complejo, Acemi hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que, antes de avanzar en decisiones definitivas, se garantice plenamente la transparencia financiera, especialmente en el caso crítico de la Nueva EPS, y se evalúe con rigor técnico el impacto real que estas medidas tendrían sobre millones de colombianos que dependen del sistema de salud.
El debate nacional sigue completamente abierto y refleja uno de los momentos más críticos en la historia del sistema de salud colombiano, en el que se enfrentan visiones diametralmente opuestas sobre cómo garantizar la sostenibilidad del modelo sin poner en riesgo el derecho fundamental a la salud consagrado en la Constitución. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad imperiosa de una transformación estructural profunda, los gremios especializados advierten que una transición mal gestionada podría desencadenar una crisis humanitaria y sanitaria de proporciones históricas.
