Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), aseguró que las intervenciones del Gobierno a nueve EPS han agravado los problemas de prestación de servicios, así como el deterioro patrimonial y la sostenibilidad financiera que ya enfrentaban estas entidades.
“Estamos hablando de entidades que tienen 16 millones de patrimonio negativo, que han dejado de pagar a la red y han dejado de atender a los usuarios (...) El remedio resultó peor que la enfermedad”, afirmó Vesga.
La dirigente gremial insistió en que este será uno de los principales retos que deberá asumir el próximo gobierno. "El Gobierno que llegue el 7 de agosto tendrá 19.8 millones de personas afiliadas a EPS frágiles administrativa, financiera y operativamente, sobre las cuales habrá que tomar decisiones urgentes", señaló.
Las declaraciones se dieron durante la presentación de “Consensos para el futuro del Sector Salud”, una hoja de ruta construida durante cinco meses por más de 30 organizaciones del sistema, entre ellas representantes de pacientes, talento humano en salud, academia, industria farmacéutica, prestadores de servicios y aseguradoras.
Seis bloques estratégicos para enfrentar la crisis
El documento plantea seis bloques estratégicos para enfrentar la crisis: fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad, sostenibilidad financiera, aseguramiento y modelo de atención, protección del talento humano en salud, acceso efectivo a tecnologías sanitarias y salud como motor de ciencia e innovación. Entre todos, los sectores coincidieron en que la estabilización financiera del sistema es la prioridad más urgente.
Inyección de recursos y revisión de la UPC
Dentro de las principales propuestas, las organizaciones piden una inyección inmediata de recursos y un flujo financiero continuo que permita garantizar la prestación de los servicios. También solicitan una revisión técnica de la metodología con la que se calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud, al considerar que el modelo actual está profundizando la desfinanciación del sistema.
Sobre este punto se pronunció Carlos Felipe Escobar, director del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS) de la Universidad El Bosque, quien advirtió que la metodología de cálculo de la UPC no fue actualizada durante este Gobierno. “Es claro que la metodología de cálculo de la UPC requiere una revisión técnica profunda para responder a nuevos desafíos como el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas, que hoy están presionando a todos los sistemas de salud”, explicó.
Protección del talento humano en salud
Otro de los llamados urgentes incluidos en la propuesta tiene que ver con la protección de los derechos y garantías del talento humano en salud. Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, aseguró que los trabajadores del sector no pueden seguir enfrentando retrasos en pagos, endeudamiento, inestabilidad laboral e incluso falta de seguridad social.
“El millón de trabajadores del sector salud en Colombia necesita soluciones y estabilización inmediatas (...) Es una situación sumamente preocupante que está derivando en despidos, renuncias y en la salida del país de profesionales de la salud. Se trata de un recurso humano que no se recupera”, concluyó Mayorga.
