Justicia ordena arresto contra directivos de Nueva EPS por negligencia con paciente de 92 años
La crisis del sistema de salud colombiano ha escalado a los estrados judiciales en Antioquia, donde un juzgado penal de Medellín dictó una medida de arresto por 48 horas contra dos altos directivos de la Nueva EPS. La orden judicial recae sobre Luis Óscar Galves, agente interventor de la entidad, y Carlos Andrés Vasco, gerente regional, quienes enfrentan cargos por desacato tras ignorar sistemáticamente las necesidades médicas de una paciente crítica.
El drama de doña Blanca: 45 días esperando un marcapasos
Blanca Uribe, una adulta mayor de 92 años residente en el municipio de Envigado, permanece hospitalizada en el Hospital Manuel Uribe Ángel desde hace más de 45 días. Su situación es de extrema gravedad: requiere con urgencia el cambio de su marcapasos y una remisión inmediata a un centro especializado en electrofisiología. Pese a la crítica condición de la paciente, la Nueva EPS no ha gestionado ni el traslado ni el dispositivo médico necesario, argumentando que el hospital no cuenta con el equipo para realizar la intervención.
Ante la parálisis administrativa, Mónica Isabel Restrepo, hija de doña Blanca, interpuso una acción de tutela el pasado 23 de enero. Sin embargo, ni siquiera este amparo constitucional logró que la EPS, actualmente bajo control del Gobierno Nacional, tomara acciones concretas para atender a la paciente. El proceso judicial avanzó hasta convertirse en un incidente de desacato debido a la nula respuesta de la entidad.
Desacato judicial que colmó la paciencia del juzgado
Lo que finalmente determinó la medida de arresto fue el comportamiento de los directivos durante el proceso judicial. Tanto Galves como Vasco fueron citados a una declaración juramentada virtual, pero ninguno de los dos se conectó a la diligencia, demostrando un claro desprecio por las órdenes judiciales. Además de los dos días de arresto, el fallo impone una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada funcionario.
Esta decisión judicial se produce en un contexto alarmante para la Nueva EPS, que en apenas dos meses de 2026 ya acumula 8.332 quejas y reclamos por deficiencias en la atención médica, según registros oficiales.
Crisis financiera que agrava la situación hospitalaria
El drama de doña Blanca se suma a la grave crisis financiera que enfrenta el Hospital Manuel Uribe Ángel, institución que reporta una deuda de 140.000 millones de pesos. Irónicamente, la Nueva EPS es su principal deudora con 51.000 millones de pesos pendientes de pago. Esta asfixia económica ha provocado:
- Desabastecimiento de insumos médicos básicos
- Cierre de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI)
- Retrasos en el pago de salarios al personal médico
- Desprotección absoluta para los usuarios más vulnerables
La situación ha dejado en evidencia las profundas fallas estructurales del sistema de salud colombiano, donde los pacientes más necesitados quedan atrapados en una red de negligencia administrativa y financiera.
Contexto nacional de la crisis sanitaria
Este caso se enmarca en la creciente crisis del sistema de salud que se ha intensificado durante el actual gobierno. Recientemente, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas por utilizar el caso médico del niño Kevin Acosta para defender su gestión, publicando detalles privados de la historia clínica del menor. Esta acción ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de transferir responsabilidades del sistema de salud hacia las familias de los pacientes.
La orden de arresto contra los directivos de Nueva EPS marca un precedente significativo en la judicialización de casos de negligencia médica en Colombia, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias del desacato a las órdenes judiciales en materia de derechos fundamentales a la salud.
