El calvario burocrático que niega el derecho a morir con dignidad en Colombia
Catalina, una psicóloga colombiana de 30 años, lleva una década luchando contra trastornos depresivos mayores, trastorno límite de la personalidad y ansiedad severa. A pesar de haber probado más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones e incluso terapia electroconvulsiva, su sufrimiento persiste con pesadillas casi diarias y una presión en el pecho que la inmoviliza durante horas. Su deseo de acceder a la muerte digna, un derecho fundamental reconocido en Colombia, se ha topado con una barrera infranqueable: la burocracia institucional y los vacíos legales.
El fallo constitucional versus la realidad institucional
La Sentencia C-233 de 2021 de la Corte Constitucional estableció claramente que la dimensión subjetiva del sufrimiento prima sobre el criterio médico, reconociendo que la percepción del dolor es una experiencia personal que tiene mayor peso que las opiniones de profesionales que no lo experimentan. Sin embargo, esta protección jurídica choca frontalmente con la realidad administrativa.
La EPS Sanitas negó la solicitud de eutanasia de Catalina argumentando que no se habían agotado todos los tratamientos disponibles, un requisito que no existe en la legislación colombiana sobre el tema. Además, afirmaron que la paciente no presentaba un sufrimiento físico o psíquico incompatible con la dignidad humana, contradiciendo así la propia evaluación subjetiva que protege la Corte.
La segunda negativa: asistencia médica al suicidio
Ante este rechazo, Catalina y su familia solicitaron la Asistencia Médica al Suicidio, procedimiento en el que el médico prescribe o suministra los medios, pero es el paciente quien se autoadministra el medicamento. La EPS volvió a negar el servicio, esta vez alegando falta de reglamentación que obligue a brindarlo.
Esta afirmación contiene una verdad a medias. Si bien la Sentencia C-164 de 2022 despenalizó la Asistencia Médica al Suicidio y la reconoció como mecanismo legítimo para la muerte digna, no obligó al Ministerio de Salud a reglamentar el procedimiento, delegando esta responsabilidad en el Congreso de la República.
El fracaso legislativo y la falta de voluntad institucional
En el Congreso colombiano han fracasado más de 15 iniciativas de ley para regular la muerte digna, mientras el Ministerio de Salud ha impuesto barreras adicionales en el acceso a este derecho fundamental. Esta situación evidencia una clara falta de voluntad institucional para materializar la plenitud de un derecho ya reconocido por la Corte Constitucional.
La consecuencia directa es que personas como Catalina enfrentan una burocracia que no solo prolonga su sufrimiento, sino que atenta directamente contra su dignidad humana. Mientras tanto, la falta de empatía de quienes se oponen a estos procedimientos se manifiesta en argumentos que:
- Exigen agotar todos los recursos posibles, prolongando innecesariamente el sufrimiento
- Limitaban la aplicación solo a enfermedades terminales, excluyendo condiciones como los trastornos mentales severos
- Niegan el derecho soberano de las personas sobre sus propios cuerpos
Un debate sobre libertades individuales
El fondo del debate sobre el derecho a morir dignamente trasciende lo médico para adentrarse en el terreno de las libertades individuales. Se trata de reconocer la capacidad de las personas para decidir libremente el final de sus vidas, especialmente cuando el sufrimiento se ha vuelto insoportable y los tratamientos han demostrado su ineficacia.
Catalina y su familia ahora esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la última evolución de su caso, mientras el sistema institucional colombiano sigue demostrando su incapacidad para implementar derechos ya reconocidos. La paradoja es evidente: Colombia fue pionero en reconocer la muerte digna como derecho fundamental, pero una década después, pacientes como Catalina siguen atrapados en un laberinto burocrático que les niega el acceso a ese mismo derecho.
