Denuncia en el Congreso revela posible cartel en atención oncológica
Una grave denuncia presentada en el Congreso de la República ha puesto en evidencia lo que podría ser un esquema de direccionamiento masivo de pacientes con cáncer hacia una sola institución prestadora de salud en Ibagué, Tolima, con posibles vínculos con el Ministerio de Salud.
Concentración millonaria en una sola IPS
La representante Katherine Miranda expuso cifras alarmantes: entre 2023 y enero de 2026, la Nueva EPS concentró 3.374 exámenes PET-CT en una clínica de Ibagué, por un valor superior a $17.600 millones. Estos estudios son fundamentales para el diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer, siendo determinantes para definir tratamientos y, en muchos casos, la supervivencia de los pacientes.
El comportamiento de las remisiones muestra un crecimiento acelerado que ha generado suspicacias:
- En 2023 fueron enviados 176 pacientes
- En 2024 la cifra subió a 723
- En 2025 alcanzó 1.846 pacientes
- Esto representa un incremento del 949% frente a 2023
- En enero de 2026 se remitieron 221 pacientes en un solo mes, superando el total de todo 2023
Pacientes recorren largas distancias innecesariamente
La congresista señaló que el país cuenta con capacidad instalada suficiente para realizar estos estudios en distintas regiones, con múltiples IPS habilitadas en departamentos como:
- Bogotá: 8 IPS habilitadas
- Antioquia: 7 IPS habilitadas
- Atlántico: 5 IPS habilitadas
- Valle del Cauca: 3 IPS habilitadas
Sin embargo, según la denuncia, pacientes con enfermedades de alta complejidad fueron enviados a recorrer largas distancias hacia Ibagué:
Desde Cúcuta, 118 remisiones terminaron en Ibagué, en trayectos que pueden tardar hasta 16 horas por carretera. Desde Arauca, los pacientes recorrieron casi 900 kilómetros, incluso pasando por Bogotá, donde existen ocho IPS habilitadas para prestar el servicio.
En el caso de Risaralda, se ignoró una opción ubicada a 45 kilómetros y los pacientes fueron enviados a otra institución a 121 kilómetros. "Esto no es eficiencia. No es optimización. Es direccionamiento", afirmó Miranda.
Costos asumidos por los pacientes
Otro elemento preocupante tiene que ver con los costos asumidos por los usuarios. De las 3.374 remisiones, solo 617 incluyeron viáticos, mientras que más de 1.400 pacientes pagaron su traslado de su propio bolsillo.
"Sí hubo garantía para pagar 17.600 millones a la clínica. No hubo garantía para proteger al paciente", denunció la congresista.
Vínculos que exigen explicaciones
La representante hizo referencia a un contexto regional que, en su criterio, exige explicaciones adicionales. Señaló que en el Tolima es conocida la relación cercana e histórica de la familia del ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, con el dueño de la clínica receptora de los exámenes, lo que obliga a esclarecer los criterios técnicos que sustentaron la concentración de las remisiones.
Preguntas que elevan el tono del debate
Miranda formuló preguntas directas sobre la naturaleza de las decisiones adoptadas:
- ¿Por qué pacientes con enfermedades de alta complejidad están siendo direccionados masivamente a esa clínica?
- ¿Por qué concentrar más de 17.600 millones en una sola IPS cuando existe oferta en otras ciudades?
Finalmente, la representante planteó un interrogante que elevó el tono del debate público: "Cuando las cifras crecen 949%, cuando se concentran miles de millones en una sola IPS y cuando pacientes de alta complejidad recorren hasta 900 kilómetros teniendo el servicio más cerca, la pregunta es clara: ¿Estamos frente a un nuevo cartel en la salud?".
La congresista exigió explicaciones técnicas y actuación inmediata de los organismos de control, mientras la denuncia sigue generando repercusiones en el sistema de salud colombiano.
