La alarmante crisis del sistema de salud colombiano
¿Qué está ocurriendo realmente con el sistema de salud en Colombia? La pregunta resuena en dispensarios donde pacientes y familiares forman interminables filas, esperando medicamentos que frecuentemente no llegan. Escenas desgarradoras se han vuelto comunes, como el fallecimiento de una señora mayor dentro de un dispensario tras denunciar públicamente la falta de sus medicamentos esenciales.
Un estado de cosas inconstitucional
La Corte Constitucional declaró hace años un estado de cosas inconstitucional en materia de salud, pero esta declaración no ha producido efectos prácticos significativos. Según la Procuraduría General de la Nación, el sistema ha experimentado "un deterioro progresivo en su estructura, lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos".
Las visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 intervenidas, revelaron datos críticos: la intervención forzosa por parte de Supersalud ha empeorado las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera. Mientras tanto, el Congreso continúa archivando proyectos de reforma sin permitir su discusión adecuada.
Cifras que alarman
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre una situación particularmente grave: 13.126 menores de edad viven actualmente con cáncer en Colombia, con una prevalencia que aumentó un 125% entre 2019 y 2024. Estas cifras reflejan no solo un desafío sanitario creciente, sino la urgencia de adoptar medidas estructurales que garanticen:
- Continuidad en los tratamientos médicos
- Disponibilidad permanente de medicamentos
- Rutas de atención claras y supervisadas
La tutela: instrumento vital pero desacatado
Durante la vigencia del actual sistema de salud, las irregularidades han sido numerosas. Lo que ha salvado muchas vidas ha sido la acción de tutela, un magnífico instrumento constitucional creado en 1991. Miles de personas han recurrido a este mecanismo para contrarrestar la indolencia de las empresas prestadoras de servicios sanitarios.
Infortunadamente, el desacato a las órdenes de tutela se ha puesto de moda. Numerosos casos demuestran que las providencias judiciales quedan simplemente escritas, sin cumplimiento efectivo, causando grave daño a los derechos fundamentales. Esto contradice completamente el objeto de esta acción, establecida precisamente para la protección inmediata de derechos cuando son vulnerados o amenazados.
Sanciones insuficientes y necesidad de aplicación estricta
Algunas providencias judiciales han impuesto sanciones mínimas de uno o dos días de arresto, que han demostrado ser completamente inefectivas. El Decreto 2591 de 1991 contempla para el desacato arresto hasta de seis meses y multas sucesivas hasta de veinte salarios mínimos mensuales. La aplicación estricta de estas sanciones se hace cada vez más necesaria.
Responsabilidad estatal y empresarial
El debate institucional sobre la salud no debería desarrollarse dentro de la perspectiva de la polarización política actual. Se trata de un problema real, evidente y preocupante en alto grado, relativo a la responsabilidad del Estado y de las empresas particulares en materia de derechos fundamentales: nada menos que la salud y la vida.
El Estado, como director general de la economía, debe intervenir en esta materia con mayor efectividad. Los derechos fundamentales a la salud y la vida están siendo violados sistemáticamente, y se requiere una acción coordinada que vaya más allá de declaraciones y se concrete en soluciones prácticas que protejan a los ciudadanos más vulnerables.
