Gobernadores advierten crisis hospitalaria por liquidación de EPS: "asfixia financiera" inminente
Los mandatarios departamentales de Colombia, liderados por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, han lanzado una alerta contundente al Gobierno Nacional sobre el peligro inminente que representa el proceso de liquidación de siete Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin una transición territorial coordinada y adecuada. Según los gobernadores, esta medida pone en jaque la estabilidad financiera de la red hospitalaria pública y amenaza la continuidad de tratamientos médicos para millones de pacientes críticos en las diferentes regiones del país.
Decisión apresurada y falta de consenso
Rafaela Cortés calificó la situación actual del sistema de salud como un "problema estructural" y criticó abiertamente la falta de consenso en las determinaciones adoptadas por la administración del presidente Gustavo Petro. El mandatario ordenó el pasado 17 de marzo el cierre definitivo de Coosalud, Famisanar, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Capresoca, argumentando su inviabilidad financiera.
"Lo que más nos preocupa fue la decisión apresurada, no concertada, no un trabajo de la mano con los gobiernos subnacionales", señaló la gobernadora Cortés al explicar que los mandatarios departamentales tienen responsabilidades directas sobre los hospitales que hoy enfrentan la incertidumbre de deudas acumuladas que superan los 16 billones de pesos.
Impacto en pacientes y sistema hospitalario
La Federación Nacional de Departamentos (FND) sostuvo que la salida forzosa de estas EPS del mercado, ante el estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso, genera una "asfixia financiera" que impacta directamente en los ciudadanos. Cortés enfatizó que "esos pacientes crónicos, esos pacientes que hoy están en tratamiento, citas médicas, hoy en día se pone en riesgo la salud y, por supuesto, la vida de estos pacientes" si no se garantiza un flujo de recursos y atención ininterrumpida.
Mientras estas siete prestadoras desaparecen, la Nueva EPS, que registra pérdidas estimadas en 21 billones de pesos y atiende a aproximadamente 11 millones de personas, se ha convertido en el eje central del modelo estatal para recibir a los afiliados desplazados. Sin embargo, los mandatarios regionales ven con extrema cautela esta migración masiva.
Exigencias de los gobernadores
Los gobernadores han exigido que el cambio hacia el "Giro Directo" a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la implementación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) no se realice de forma unilateral ni improvisada.
"La propuesta es clarísima al Gobierno Nacional: nuevamente a la articulación, a trabajar de la mano, a crear un proceso de transición mientras se cambia el modelo", concluyó la presidenta de la FND, quien urgió a evitar que los hospitales públicos sigan quebrándose por la falta de una hoja de ruta técnica y verificable.
Preocupaciones sobre la capacidad del sistema
Para los mandatarios departamentales, el éxito del nuevo sistema público-estatal dependerá exclusivamente de si la red hospitalaria logra soportar la carga de atender a casi la mitad del país sin que el servicio colapse definitivamente. La Asociación de Hospitales del Valle ya había alertado que una eventual liquidación de EPS dejaría serias afectaciones económicas en el sistema de salud regional.
El Ejecutivo nacional ha justificado la liquidación masiva bajo el argumento de que estas entidades son financieramente inviables y que el Estado no cubrirá los huecos económicos de empresas privadas. Sin embargo, los gobernadores insisten en que se requiere un proceso de transición ordenado que evite el colapso del sistema de salud en las regiones más vulnerables del país.
