Reordenamiento del sistema de salud: decreto propone cambios profundos en operación de EPS
El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural que se ha venido agudizando en los últimos años, caracterizada por el deterioro financiero de numerosas Entidades Promotoras de Salud, el desfase entre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las necesidades reales de las empresas, además de irregularidades persistentes en los procesos de facturación. En este contexto crítico, el Ministerio de Salud ha presentado un proyecto de decreto que busca implementar transformaciones radicales en la manera como operan las EPS en todo el territorio nacional.
Cambios territoriales y reasignación masiva de usuarios
La propuesta gubernamental contempla modificaciones sustanciales en la distribución geográfica de las EPS, estableciendo nuevos parámetros sobre cuántas entidades podrán operar por departamento o municipio. Uno de los aspectos más significativos es la definición de mecanismos para el traslado de afiliados cuando una EPS se retire del sistema, sea liquidada o intervenida por las autoridades de control.
Según datos de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, este reordenamiento implicaría el movimiento de aproximadamente 6.606.371 afiliados a diferentes EPS. Entre las principales afectadas se encuentran:
- Nueva EPS: recibiría alrededor de 3.198.875 usuarios
- Savia Salud: incorporaría aproximadamente 289.262 afiliados
- S.O.S.: sumaría cerca de 533.429 nuevos usuarios
Plazos acelerados y riesgos en la continuidad de tratamientos
El proyecto establece plazos extremadamente cortos para los procesos de traslado. La Superintendencia Nacional de Salud tendría cinco días hábiles para remitir al Ministerio las EPS receptoras disponibles en cada territorio. Posteriormente, el Ministerio dispondría de otros cinco días para asignar los afiliados a las nuevas entidades, y finalmente, la EPS de destino contaría con cinco días adicionales para preparar la atención de los usuarios recién incorporados.
Las asociaciones de usuarios han manifestado seria preocupación ante estos plazos, argumentando que un proceso que dure entre 15 y 20 días generaría una grave congestión administrativa que pondría en riesgo la salud de millones de colombianos. La principal inquietud radica en la posible interrupción de tratamientos médicos continuos, especialmente para pacientes con condiciones crónicas o que requieren atención especializada constante.
Contexto de crisis y desafíos operativos
Esta iniciativa se desarrolla en un escenario particularmente complejo para el sistema de salud. La Nueva EPS, actualmente intervenida, ha registrado un incremento del 107% en las quejas de usuarios durante el último período, según reportes oficiales. Simultáneamente, organizaciones como Afidro han calificado la situación de esta entidad como una "emergencia humanitaria", haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional para tomar medidas contundentes.
El proyecto de decreto también establece que los traslados solo podrán realizarse hacia EPS habilitadas en cada territorio específico, limitando las opciones disponibles para los usuarios afectados. Esta restricción territorial busca, según la propuesta gubernamental, generar un ordenamiento más eficiente del sistema, pero genera dudas sobre la capacidad real de las EPS receptoras para absorber masivamente nuevos afiliados sin comprometer la calidad del servicio.
La implementación de este decreto representaría uno de los cambios más significativos en la operación del sistema de salud colombiano en la última década, con implicaciones directas para más de seis millones de ciudadanos que verían modificada su afiliación a las EPS en un período extremadamente corto.
