Equipos Básicos de Salud: $4,2 billones sin medición clara y bajo sospecha de uso político
Los Equipos Básicos de Salud (EBS) completan tres años y medio de implementación con una inversión acumulada de $4,2 billones, según cifras oficiales del Gobierno Nacional. El programa, que ha desplegado aproximadamente 11.000 equipos en todo el territorio colombiano, reporta haber atendido a 6 millones de personas mediante brigadas que recorren zonas rurales y urbanas para realizar caracterizaciones y atención primaria.
Falta de medición unificada del impacto
Pese a las cifras presentadas por el Ministerio de Salud, el impacto real en salud pública no cuenta con mediciones unificadas que permitan evaluar su efectividad. La información se recoge en la plataforma SI-APS, que a diciembre de 2025 reportaba 9 millones de hogares caracterizados y 6,1 millones de personas atendidas, pero el propio Ministerio reconoce que estas cifras provienen de fuentes distintas y presentan inconsistencias.
"Unas familias desaparecieron de la base de datos, otras aparecen duplicadas. Nosotros nos guiamos por nuestros registros internos", señaló un auxiliar encargado del cargue de datos a medios de comunicación. Estas fallas tecnológicas han generado duplicidades y desaparición de registros, dificultando la evaluación precisa del programa.
Cuestionamientos sobre la ejecución territorial
En julio de 2025, la Contraloría General de la República auditó el programa y expresó dudas sobre la ejecución de $1,3 billones, advirtiendo además que el Ministerio no realizaba un control suficiente sobre el gasto. Cada EBS tiene un costo estimado de $60 millones, que incluye nómina, transporte, uniformes, equipos básicos y labores administrativas.
La asignación de recursos depende del número de equipos aprobados para cada hospital, pero el criterio de distribución no es público, lo que genera interrogantes sobre la transparencia en la asignación de fondos.
Vínculos políticos y contratación cuestionada
El caso del Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano, Tolima, concentra cuestionamientos sobre la relación entre el programa y dinámicas políticas locales. Este hospital, intervenido por la Superintendencia de Salud desde octubre de 2023, ha recibido $14.609 millones desde diciembre de 2023 para financiar EBS.
La Fundación Alfonso Jaramillo Salazar, asociada a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido señalada como escenario de actividades donde confluyen contratistas de EBS y campañas políticas. Tres fuentes locales indicaron que los contratistas fueron convocados a eventos en la sede de la fundación, aunque un integrante del equipo negó proselitismo y afirmó que los aportes económicos eran para "obras sociales".
Se identificaron al menos 12 políticos regionales contratados como enlaces territoriales del Ministerio, algunos sin experiencia en salud. Entre ellos figura Marco Emilio Hincapié, excoordinador nacional de enlaces y actual candidato a la Cámara de Representantes. Tres coordinadores consultados señalaron que la figura del enlace era "más política" que operativa.
Esquemas de tercerización y problemas operativos
También se detectaron esquemas de tercerización en la contratación del personal médico. En la ESE Red de Salud de Ladera, en Valle del Cauca, el personal fue contratado a través de la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente, lo que añade capas de intermediación al proceso.
En materia de transporte, se documentaron casos como el del Hospital Ismael Roldán en Chocó, donde el servicio fue adjudicado a la Fundación Amigos del Atrato, vinculada a allegados de autoridades locales. En San Andrés, una camioneta con capacidad para cinco personas transportaba equipos de al menos siete integrantes, evidenciando problemas logísticos.
Debate sobre indicadores de salud pública
El presidente Gustavo Petro ha atribuido a los EBS la reducción de la mortalidad infantil y en menores de cinco años. Sin embargo, el Ministerio de Salud aclaró que este resultado "no es atribuible exclusivamente" al programa, sino a un conjunto de acciones sectoriales, calificando los datos como "preliminares".
Investigadores han señalado que la caída de nacimientos —de más de 629.000 en 2020 a alrededor de 454.000 en 2024, una disminución cercana al 28%— también influye en la variación de tasas agregadas, complicando la atribución causal de los resultados.
Realidad en terreno y desafíos de continuidad
En el terreno, los EBS recorren veredas de difícil acceso, donde una familia puede gastar $150.000 en transporte para llegar al casco urbano. Los equipos avanzan entre cafetales y caminos de herradura, visitando en promedio cuatro viviendas por jornada en zonas dispersas.
El funcionamiento operativo depende de la relación entre hospitales y EPS, pues los tratamientos especializados requieren autorización. Esto convierte a los EBS en un eslabón que no siempre garantiza continuidad asistencial. Mientras en el Líbano reportan coordinación con Nueva EPS, en otros municipios los trámites fluyen con unas EPS y no con otras.
Así, el programa que ha movilizado $4,2 billones enfrenta una doble realidad: expansión en cobertura y presencia institucional en zonas apartadas, junto con cuestionamientos sobre control del gasto, contratación y medición de impacto. La magnitud presupuestal y la proximidad de procesos electorales añaden presión a un modelo que, tres años después de iniciado, sigue sin una evaluación consolidada de resultados sanitarios.
