Liquidación de EPS: ¿Estocada final para el sistema de salud colombiano en crisis?
La decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la liquidación de las EPS en quiebra ha desatado una tormenta de advertencias sobre el posible colapso del sistema de salud colombiano. Expertos, pacientes y gremios coinciden en que la medida carece de planeación técnica y podría desbordar la capacidad operativa del sistema, poniendo en riesgo la atención de millones de colombianos.
Una orden presidencial sin hoja de ruta clara
"Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas". Con estas palabras durante el consejo de ministros del 16 de marzo, el mandatario puso en marcha una de las decisiones más drásticas sobre el sistema de salud en décadas. La medida surge tras el fracaso de la reforma estructural en el Congreso y es presentada como último recurso ante deudas que superan los 32,9 billones de pesos según la Contraloría.
Sin embargo, más allá del argumento fiscal sobre evitar que el Estado cubra "deudas privadas", la decisión abre un escenario de incertidumbre jurídica, financiera y operativa. El proceso técnico, cronograma y capacidad operativa de traslado aún no han sido detallados por el Gobierno, generando preocupación entre todos los actores del sistema.
Dos fases de liquidación y millones en riesgo
Según análisis de expertos, el proceso podría desarrollarse en dos fases. En la primera, siete EPS actualmente intervenidas serían liquidadas:
- Famisanar
- Coosalud
- Asmet Salud
- Emssanar
- Savia Salud
- Servicio Occidental de Salud
- Capresoca
Estas aseguradoras agrupan más de 12 millones de afiliados, cuyo traslado masivo a otras entidades podría generar interrupciones críticas en tratamientos continuos. Pacientes con diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades huérfanas se convierten en el grupo más expuesto, al depender de medicamentos permanentes y seguimiento médico constante.
En una segunda fase, hasta 14 EPS con patrimonio negativo podrían entrar en la mira, aunque este proceso tomaría más tiempo al requerir intervención, evaluación y decisión de la Superintendencia de Salud.
Advertencias de colapso operativo
Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, plantea que la medida representa "otra medida populista e improvisada en salud por parte del gobierno nacional". Su diagnóstico es contundente: no existe un plan claro de liquidación ni de transición que permita anticipar cómo se garantizará la continuidad de la atención para millones de usuarios.
"Una liquidación masiva de EPS en un periodo tan corto —cuando al Gobierno le restan menos de cinco meses— no es factible ni desde el punto de vista legal ni desde la lógica de la planeación en salud", advierte Hernández, pronosticando un "colapso operativo" caracterizado por disrupción de la red de prestadores, sobrecarga de entidades receptoras y riesgos en atención médico-quirúrgica.
La Nueva EPS: ¿solución o problema mayor?
Uno de los puntos más críticos es la posibilidad de trasladar millones de afiliados a la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país y única que se salvaría de liquidación según el Gobierno. Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, cuestiona esta estrategia: "Trasladar a 12 o 15 millones de colombianos a una EPS que no tiene red ni capacidad es poner en peligro la salud y la vida de los colombianos".
El exministro de Salud Alejandro Gaviria identifica varios riesgos concretos. El primero es la sobrecarga de la Nueva EPS, que ya se encuentra desbordada y sin capacidad para atender a más pacientes. El segundo es el impacto sobre la red hospitalaria, especialmente en servicios de alta complejidad donde la participación de la red pública es limitada.
Impacto estructural y crisis profundizada
Más allá de los efectos inmediatos, el debate se centra en el impacto estructural sobre un sistema que ya arrastra problemas financieros, operativos e institucionales. Desde distintos sectores, el consenso es claro: lejos de resolver las fallas de fondo, la medida podría profundizarlas y acelerar una crisis considerada de las más graves en la historia reciente del sector.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, advierte que los procesos de liquidación requieren planificación detallada y logística compleja que no puede improvisarse. Cada traslado de población implica ajustes en redes, contratos y capacidades financieras, exigiendo tiempo, coordinación y recursos que no se resuelven con una decisión administrativa.
Un sistema en el límite de sus capacidades
La convergencia de estas voces dibuja un panorama complejo y altamente incierto. La orden de liquidar las EPS en quiebra no solo representa una decisión de alto impacto inmediato, sino que también evidencia tensiones estructurales de un sistema que ha perdido equilibrio financiero, capacidad operativa y confianza entre sus actores.
La Asociación Nacional de Industriales (Andi) advierte que el sistema atraviesa una crisis financiera con efectos humanitarios, marcada por insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación y retrasos en pagos que afectan compra de medicamentos, salarios y prestación de servicios. En este contexto, la liquidación aparece como medida que podría agravar la situación.
Así, más que una solución, la liquidación de las EPS se perfila como catalizador de la crisis, una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia del sistema de salud colombiano, con consecuencias difíciles de dimensionar pero que, según advierten expertos, pacientes y gremios, podrían sentirse durante años.
