Crisis sin precedentes en el sistema de salud colombiano
La salud en Colombia enfrenta una tormenta perfecta que combina decisiones gubernamentales radicales con tragedias humanas que evidencian las fracturas estructurales del sistema. El presidente Gustavo Petro anunció durante el consejo de ministros la liquidación inmediata de todas las Entidades Promotoras de Salud que se encuentren en situación de quiebra, una medida que ha desatado intensos debates políticos y preocupaciones sobre el futuro de la atención médica para millones de colombianos.
El plan de liquidación y las reacciones políticas
Según declaraciones del mandatario, estas liquidaciones se ejecutarán mediante decretos presidenciales y un proyecto de ley que debe presentarse antes del 7 de agosto, fecha que marca el final de su periodo presidencial. Para sus opositores, esta estrategia representa un intento de imponer por vía administrativa lo que no logró tramitar exitosamente en el Congreso de la República con la controvertida reforma a la salud.
La senadora Norma Hurtado del Partido de la U fue una de las primeras voces en cuestionar la medida, señalando que "el gobierno pretende evadir su responsabilidad, los interventores que hoy cuestiona Petro fueron designados bajo su propia administración". La congresista añadió que "las EPS en crisis, los hospitales sin pago y los pacientes sin medicamentos no son culpa del pasado, son consecuencia de decisiones tomadas desde la Casa de Nariño".
Por su parte, el senador electo Andrés Forero del Centro Democrático calificó de "nefasta" la gestión del gobierno en materia de salud y advirtió que la liquidación de varias EPS dejaría a aproximadamente la mitad de la población colombiana "en el limbo" sanitario.
La tragedia de Kevin Acosta: negligencia sistémica
En medio de esta convulsión política irrumpió con crudeza el caso del niño Kevin Acosta, de siete años, quien falleció el pasado 13 de febrero tras sufrir un trauma craneoencefálico al caer de su bicicleta. La Procuraduría General de la Nación determinó que su muerte no fue únicamente consecuencia del accidente, sino que la Nueva EPS incurrió en negligencia al no garantizar la entrega oportuna del Emicizumab, medicamento preventivo esencial para controlar su hemofilia severa.
La investigación reveló que Kevin estuvo aproximadamente dos meses sin recibir este fármaco vital debido a que la IPS Medicarte suspendió los suministros por falta de pago por parte de la Nueva EPS. Cuando sus pacientes fueron trasladados a la IPS Integral, esta institución tampoco pudo atenderlos por la misma razón: la EPS no había girado los recursos correspondientes. Al momento de su trágica muerte, Kevin no estaba cobijado por ninguna institución médica.
La Procuraduría anunció que compulsará copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y abrió investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS. Además, el ente de control advirtió que otros dos mil pacientes que estaban bajo el mismo esquema de atención enfrentan un alto riesgo al no tener garantizada la continuidad de sus tratamientos médicos.
Reacciones del sector privado y preocupaciones ciudadanas
Frente a las liquidaciones anunciadas por el gobierno, el sector privado también alzó su voz con preocupación. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, advirtió que cerca de 24 millones de afiliados al sistema de salud quedarían en situación de riesgo con una liquidación masiva de EPS.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, calificó la medida como un peligroso regreso al modelo del Seguro Social, "fracasado y perverso", que Colombia había superado hace tres décadas. Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, fue contundente al afirmar: "Con la salud no se improvisa. Una liquidación apresurada rompe tratamientos, retrasa medicamentos y agrava la incertidumbre. El costo real lo terminan pagando los pacientes y sus familias".
La representante a la Cámara Marelen Castillo alertó que "más de 25 millones de colombianos podrían verse afectados" por estas medidas y cuestionó severamente la capacidad de la Nueva EPS para asumir esa carga adicional de pacientes. "Esto no es una solución, es poner en riesgo el sistema", declaró la congresista.
Controversia política y revelación de historia clínica
El caso de Kevin Acosta tomó un giro político adicional cuando tanto el presidente Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionaron públicamente las circunstancias familiares del menor y justificaron las fallas en la atención médica. El mandatario llegó a revelar detalles específicos de la historia clínica del niño, lo que motivó denuncias formales ante la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones del Congreso por parte de la organización Pacientes Colombia y la defensa jurídica de la familia afectada.
Esta combinación de decisiones gubernamentales radicales con tragedias humanas evitables ha reavivado el debate nacional sobre el futuro del sistema de salud colombiano, mientras millones de ciudadanos observan con preocupación cómo se desarrolla esta crisis que afecta directamente su derecho fundamental a la salud y la vida.
