Procuraduría confirma que muerte de niño con hemofilia fue evitable y responsabiliza a Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación confirmó este 17 de marzo que el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Picó, de 12 años y diagnosticado con hemofilia, no fue una muerte inevitable. Según el informe oficial, el deceso fue el resultado directo de una omisión sistemática por parte de la Nueva EPS, entidad promotora de salud actualmente intervenida por el Gobierno Nacional.
Falta de medicamento vital desencadenó crisis clínica irreversible
El ente de control estableció que la Nueva EPS falló rotundamente en garantizar el suministro oportuno del medicamento Emicizumab, tratamiento biológico esencial para el paciente. Esta negligencia derivó en una crisis clínica irreversible que culminó con la muerte del niño. La investigación detalla que Kevin Arley estuvo aproximadamente dos meses sin recibir su terapia, un vacío asistencial que resultó fatal.
Cadena de fallas financieras y administrativas expuestas
El quiebre en la atención se originó cuando la IPS Medicarte suspendió la entrega de fármacos a sus afiliados debido a la falta de pago por parte de la Nueva EPS. Aunque se intentó un traslado a la IPS Integral como medida de emergencia, esta última tampoco pudo asumir la carga asistencial porque la EPS, intervenida, no giró los recursos necesarios.
La Procuraduría desglosó una cadena de fallas financieras que terminaron en tragedia. El hallazgo más doloroso revela el abandono absoluto del sistema: "Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS". Esto significa que el menor quedó en un limbo administrativo sin acceso a atención médica garantizada.
Investigaciones penales y disciplinarias en curso
El impacto del caso ha generado acciones legales inmediatas. La Procuraduría anunció que una copia del informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a todas las personas que tuvieron responsabilidad en el fallecimiento.
En el ámbito administrativo, el organismo abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS, buscando determinar por qué no se aseguraron los flujos de dinero necesarios para salvar la vida del paciente. Galvis, quien lidera la entidad luego de la intervención gubernamental, deberá responder por la interrupción de servicios de salud que ahora son parte de una investigación penal.
Advertencia sobre riesgo para otros 2.000 pacientes
La tragedia de Kevin Acosta podría no ser un caso aislado. La Procuraduría advirtió que otros 2.000 pacientes adscritos primero a Medicarte y después a Integral podrían estar en alto riesgo, ya que actualmente carecen de atención médica asegurada debido a la inestabilidad financiera de la EPS intervenida.
Contradicción con discurso oficial del Gobierno
Este dictamen del Ministerio Público contradice directamente el discurso de normalidad que habían sostenido el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Mientras el Ejecutivo ha mantenido una postura que minimiza las denuncias de desabastecimiento y crisis financiera en las EPS intervenidas, calificando las alertas como ataques políticos, la Procuraduría documenta con este caso una realidad de desatención que ya cobró una vida y amenaza a miles más en todo el país.
El informe concluye que la muerte de Kevin Arley Acosta Picó fue completamente evitable y responsabiliza directamente a la Nueva EPS por no cumplir con su obligación de garantizar el tratamiento médico esencial, exponiendo las graves fallas del sistema de salud incluso bajo intervención gubernamental.
