Procuraduría vincula muerte de menor con fallas críticas en suministro de medicamentos de Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación estableció de manera contundente que el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, ocurrido el pasado 13 de febrero, estuvo directamente asociado a graves fallas en la entrega de su tratamiento médico esencial. Según los resultados de una investigación exhaustiva sobre las condiciones que rodearon su muerte, el organismo de control determinó responsabilidades institucionales en este trágico desenlace.
Omisión en el suministro de medicamento vital
En su informe oficial, la Procuraduría señaló textualmente que "el menor Kevin Acosta fue víctima de la omisión de la Nueva EPS por falta de suministro del medicamento". El niño padecía hemofilia, una condición médica que requiere tratamiento continuo, y su estado de salud se deterioró progresivamente debido a la ausencia del medicamento Emicizumab, el cual no fue entregado de manera oportuna por la entidad de salud.
La investigación concluyó que esta interrupción en el tratamiento médico esencial condujo al menor a una situación clínica crítica que finalmente resultó en su lamentable fallecimiento. La Procuraduría documentó que Kevin Arley Acosta permaneció aproximadamente dos meses completos sin acceso al medicamento requerido, un período durante el cual su condición se agravó irreversiblemente.
Cadena de fallas institucionales
El informe detalla una compleja cadena de fallas que comenzó con la suspensión en la entrega del medicamento por parte de Medicarte, la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) encargada inicialmente de su atención. Esta decisión, según la investigación, obedeció directamente a la falta de pago por parte de la Nueva EPS, lo que interrumpió abruptamente la continuidad del tratamiento médico del menor.
La situación se complicó aún más cuando la responsabilidad de atención fue transferida a la IPS Integral, que debía asumir la atención de los pacientes trasladados desde Medicarte. Sin embargo, esta segunda institución tampoco pudo prestar el servicio debido a la ausencia de giros de recursos por parte de la misma Nueva EPS. En este contexto de descoordinación institucional, el menor no logró recibir atención médica en condiciones que garantizaran la continuidad de su tratamiento.
En el momento de su fallecimiento, según documentó la Procuraduría, el menor no contaba con asignación formal a ninguna IPS, lo que lo dejó completamente sin soporte institucional para su atención médica. Esta situación fue identificada como un factor determinante en el desenlace final del caso.
Riesgo extendido a otros pacientes
El ente de control hizo una advertencia especialmente grave al señalar que aproximadamente 2.000 pacientes que estaban adscritos inicialmente a Medicarte y posteriormente a Integral podrían estar en riesgo similar. Según la investigación, estos pacientes no tendrían garantizada la prestación de servicios de salud ni la continuidad en sus tratamientos médicos, reproduciendo el patrón de fallas que afectó al menor Kevin Acosta.
Acciones legales y disciplinarias
Ante estos hallazgos preocupantes, la Procuraduría anunció medidas concretas:
- Traslado a la Fiscalía: Se enviará copia completa del informe a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales correspondientes frente a posibles responsabilidades en el fallecimiento del menor.
- Investigación disciplinaria: Se iniciará un proceso disciplinario contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS, para establecer su eventual responsabilidad en los hechos documentados.
El organismo precisó que "copia de este informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad" en este caso. El proceso disciplinario buscará determinar específicamente si hubo incumplimientos en la gestión administrativa que afectaron directamente la prestación del servicio de salud al menor y a otros pacientes en situación similar.
Este caso ha puesto en evidencia fallas sistémicas en el suministro de medicamentos dentro del sistema de salud colombiano, particularmente en lo que respecta a pacientes con condiciones médicas que requieren tratamientos continuos y especializados. La muerte del menor Kevin Acosta se ha convertido en un símbolo trágico de las consecuencias humanas de estas deficiencias institucionales.
