Nueva EPS: la aseguradora gigante que opera en la oscuridad financiera
La discusión sobre el futuro del sistema de salud colombiano ha entrado en una fase crítica de tensión tras el llamado del presidente Gustavo Petro a liquidar siete EPS que concentran más de 12 millones de afiliados. Sin embargo, en medio de este planteamiento radical, emerge una omisión que hoy concentra las alertas de los organismos de control y del propio sector sanitario: la situación de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que el Gobierno ordenó salvar pese a presentar indicadores críticos y de la que no se conocen estados financieros actualizados desde hace tres años completos.
El contraste entre liquidación y rescate
El contraste resulta evidente y preocupante. Mientras el Gobierno plantea la liquidación de varias entidades intervenidas —en un sistema que ya tiene bajo control estatal a ocho EPS que agrupan más de 23 millones de afiliados—, insiste simultáneamente en la necesidad de preservar a Nueva EPS, que concentra por sí sola más de 11 millones de usuarios. El problema fundamental es que esta decisión se toma en medio de una opacidad financiera creciente y de señales de deterioro que, lejos de mejorar con la intervención estatal, se han profundizado de manera alarmante.
La principal EPS del país sigue intervenida desde abril de 2024 con cuentas sin cerrar y balances sin certificar, operando en una especie de limbo contable que impide evaluar con precisión la magnitud real de su crisis.
Una crisis que se agrava exponencialmente
Nueva EPS nació en 2008 como la gran apuesta para reemplazar al Instituto de Seguros Sociales. Durante años logró consolidarse como el mayor asegurador del país, pero sobre una base estructuralmente frágil: deudas crecientes, tensiones constantes con prestadores de servicios y un sistema crónicamente desfinanciado. El punto de quiebre definitivo llegó con la pandemia del COVID-19, que exacerbó todas las vulnerabilidades preexistentes.
En diciembre de 2022, la entidad ya registraba una deuda preocupante de 5,42 billones de pesos. Un año después, en 2023, esa cifra se duplicó dramáticamente hasta alcanzar los 11,7 billones, mientras el patrimonio se desplomaba hasta -4,95 billones. Para marzo de 2025, la deuda escaló a 21,37 billones y el patrimonio negativo llegó a -6,25 billones, una situación que la Contraloría General calificó sin ambages como de "inviabilidad estructural".
La intervención que aceleró la crisis
El 3 de abril de 2024, la Superintendencia de Salud intervino la entidad con el argumento formal de que no cumplía condiciones financieras mínimas para operar. La medida se presentó públicamente como un salvavidas institucional. Pero los datos posteriores muestran exactamente lo contrario: la crisis no solo no se detuvo, sino que se aceleró de manera preocupante.
Ya intervenida, Nueva EPS cerró el año 2024 con un déficit abismal de -6,69 billones de pesos y una deuda acumulada de 18,38 billones. Lejos de estabilizarse, en 2025 el deterioro continuó su trayectoria negativa. La Contraloría, tras analizar meticulosamente más de 4.500 archivos, encontró irregularidades masivas que abarcan desde el aumento desbordado de anticipos —que pasaron de 3,4 a 8,6 billones entre 2023 y 2024— hasta problemas graves en reservas técnicas, contratación incompleta y fallas sistémicas en sistemas de información.
Uno de los hallazgos más críticos es el represamiento masivo de facturas: cerca de 22 millones de registros por valor de 22 billones de pesos, de los cuales el 97 % no ha sido auditado ni revisado. Esta falta de control genera inconsistencias contables monumentales y dificulta radicalmente conocer la realidad financiera verdadera de la entidad.
A esto se suma un problema estructural de liquidez que paraliza operaciones. Solo en anticipos pendientes por legalizar, la cifra llegó a 15,27 billones en el primer semestre de 2025, comprometiendo completamente el flujo de recursos y aumentando exponencialmente el riesgo de detrimento patrimonial irreversible.
Opacidad financiera total: tres años sin estados claros
En este contexto desolador, uno de los puntos más delicados y preocupantes es la ausencia total de estados financieros actualizados y certificados. La Procuraduría General solicitó información detallada sobre los balances de 2023 y 2024, que aún no han sido cerrados, certificados ni aprobados por las instancias correspondientes. En la práctica operativa, esto significa que el país no conoce con precisión la magnitud real del deterioro de la EPS más grande y crucial del sistema de salud nacional.
La advertencia del Ministerio Público no es menor ni retórica. El organismo pidió medidas urgentes para evitar riesgos concretos sobre la vida y salud de los pacientes y exigió claridad inmediata en aspectos clave como la legalización de anticipos, el procesamiento de cuentas médicas y la ejecución efectiva de planes de modernización tecnológica.
La falta de información transparente ocurre, además, en un momento en que las señales operativas son cada vez más críticas: embargos por más de 2 billones de pesos por parte de hospitales y clínicas, aumento del 107 % en las quejas de usuarios durante 2025 y crecientes barreras en el acceso a servicios esenciales y medicamentos vitales.
Inestabilidad administrativa: cinco interventores en año y medio
A la crisis financiera monumental y a la opacidad contable absoluta se suma otro factor que debilita estructuralmente la gestión: la inestabilidad administrativa crónica. Desde su intervención en abril de 2024, Nueva EPS ha tenido múltiples cambios de interventor —cinco en total—, lo que evidencia dificultades profundas del Gobierno para consolidar una estrategia coherente y sostenible de recuperación.
Los propios informes internos señalan que en apenas año y medio han pasado varios responsables por la dirección operativa, lo que se traduce en discontinuidad en las decisiones estratégicas, ajustes permanentes y contradictorios en los planes de acción y una falta de rumbo claro para corregir los indicadores críticos.
Esta rotación constante contrasta dramáticamente con el objetivo central declarado de la intervención: estabilizar la entidad. En la práctica operativa, los datos objetivos muestran que el Gobierno no solo no logró ese propósito fundamental, sino que los indicadores clave han empeorado sustancialmente durante el período de intervención.
El riesgo sistémico para la salud nacional
El debate sobre Nueva EPS no ocurre en el vacío político ni técnico. Expertos independientes, gremios médicos y exministros de salud han advertido consistentemente que una liquidación masiva de EPS podría desencadenar una crisis "sin precedentes" en el sistema, al eliminar de golpe a los articuladores principales sin un reemplazo operativo claro y funcional.
Sin embargo, el caso específico de Nueva EPS introduce una paradoja adicional preocupante: la entidad que el Gobierno busca preservar a toda costa es, al mismo tiempo, una de las que presenta los peores indicadores financieros, mayores alertas de los organismos de control y menor transparencia en sus cifras recientes.
Con más de 11 millones de afiliados directos, su eventual colapso tendría efectos inmediatos y catastróficos sobre la red hospitalaria nacional, la continuidad de tratamientos médicos y la estabilidad financiera global del sistema. Pero mantenerla operando sin claridad sobre su situación real también implica riesgos sistémicos graves para la sostenibilidad del modelo de salud colombiano.
La discusión de fondo: decisiones sin información
La discusión de fondo no es solo si se liquidan o no las EPS en crisis. El problema central es bajo qué información se están tomando esas decisiones cruciales. En el caso específico de Nueva EPS, el país enfrenta una combinación compleja y peligrosa: deuda creciente, patrimonio negativo abismal, irregularidades administrativas masivas, intervención fallida y estados financieros completamente desconocidos.
En ese escenario de incertidumbre total, la intención declarada de salvarla mientras se liquidan otras entidades plantea más preguntas urgentes que respuestas concretas. La principal interrogante sigue sin respuesta: ¿cómo sostener operativamente al mayor asegurador del país sin tener claridad mínima sobre la profundidad real de su crisis estructural?
