Gobierno ordena liquidación masiva de EPS en crisis financiera
El presidente Gustavo Petro ha emitido una orden contundente durante el último Consejo de Ministros: todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de quiebra deberán ser liquidadas. Esta decisión histórica llega tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, dejando al Ejecutivo sin alternativas frente a la crisis estructural del sistema.
Ocho EPS intervenidas en la mira del Gobierno
Aunque el Gobierno nacional no ha publicado un listado oficial definitivo, el foco está puesto sobre ocho entidades actualmente intervenidas y con graves problemas financieros:
- Nueva EPS
- Famisanar
- Coosalud
- Asmet Salud
- Emssanar
- Savia Salud
- Servicio Occidental de Salud (SOS)
- Capresoca
En conjunto, estas organizaciones agrupan a más de 23 millones de afiliados, lo que anticipa un remezón de proporciones históricas en el sistema de salud colombiano. Solo Famisanar y Coosalud concentran más de seis millones de usuarios, incrementando la incertidumbre sobre cómo se garantizaría la continuidad del servicio médico.
Nueva EPS: el caso más preocupante
Dentro de este panorama crítico, la Nueva EPS se perfila como la situación más delicada. Con aproximadamente 11 millones de afiliados, es la entidad con mayor número de usuarios en todo el país. Sin embargo, su situación financiera es alarmante: acumula deudas superiores a los 21 billones de pesos entre los años 2022 y 2025.
El propio presidente Petro reconoció la complejidad del escenario durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, señalando que "el Estado tendría que asumir parte del pasivo". El mandatario explicó que "el Jefe del Estado debe recibir el pago que el Estado Nacional debe por ser propietario de la mitad de la Nueva EPS desde su fundación; es propietario de la mitad de la empresa y, por tanto, de la deuda".
Deterioro financiero progresivo y alarmante
Los indicadores del sector muestran un deterioro progresivo en las EPS bajo intervención. De acuerdo con informes recientes, el patrimonio negativo conjunto de estas entidades pasó de 1,3 billones de pesos en 2022 a cerca de 10 billones en 2025, reflejando una crisis estructural que no ha logrado contenerse a pesar de las medidas implementadas.
Famisanar representa uno de los ejemplos más críticos. La entidad, intervenida desde 2023, acumulaba deudas por 2,3 billones de pesos a finales de 2025, además de registrar un aumento del 40% en las quejas de usuarios en el régimen contributivo. Su patrimonio negativo también se ha profundizado de forma sostenida durante los últimos años.
Alertas por fallas en la atención médica
El deterioro no es exclusivamente financiero. En el caso de Coosalud, las alertas también provienen por la calidad del servicio médico prestado. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación tras evidenciar que la intervención estatal no mejoró el acceso efectivo a la salud para los afiliados.
En 2025, esta entidad registró más de 107.000 peticiones, quejas y reclamos, representando un aumento del 32% frente al año anterior. Las tutelas también crecieron significativamente, alcanzando más de 20.000 casos durante el mismo período.
Según el organismo de control, este comportamiento refleja "mayores barreras para acceder a diagnósticos, tratamientos y medicamentos", así como un incremento preocupante en los desacatos judiciales por parte de la entidad.
Impacto desproporcionado en zonas rurales
Las consecuencias de esta liquidación masiva podrían ser aún más profundas en las zonas rurales del país. EPS como Asmet Salud operan en regiones apartadas donde, en muchos casos, son el único asegurador disponible para las comunidades.
Actualmente, esta entidad mantiene más de 1,5 millones de afiliados, principalmente en el régimen subsidiado, distribuidos en departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá y Tolima. Su eventual salida del sistema podría dejar sin cobertura efectiva a miles de personas en territorios de difícil acceso geográfico.
Última alternativa tras fracaso legislativo
La decisión del Gobierno se produce tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República, lo que, según el Ejecutivo, dejó como única alternativa viable la liquidación de las EPS financieramente inviables. "Ya no queda sino este último trato", insistió el presidente Petro durante la reunión ministerial, subrayando la gravedad de la situación.
El mandatario explicó que el modelo de intermediación presenta serias dificultades estructurales, señalando que más de 100 EPS han desaparecido en las últimas décadas, evidenciando problemas profundos en el diseño del sistema de salud colombiano.
