Procuraduría evidencia deterioro crítico en EPS intervenidas por el Gobierno
Durante una audiencia crucial ante la Corte Constitucional, la crisis del sistema de salud colombiano quedó nuevamente expuesta cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tuvo que responder por los constantes desacatos, el manejo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las múltiples fallas que afectan a millones de usuarios en todo el territorio nacional.
Radiografía detallada de fallas estructurales
En la mesa de seguimiento a la UPC, el valor que paga el Estado por la atención en salud de cada ciudadano, participaron los principales actores del sistema, incluyendo la Procuraduría General de la Nación, que presentó un análisis exhaustivo de los problemas estructurales que persisten sin solución.
Mónica Ulloa, delegada del ente de control, explicó que el análisis se concentró en el cumplimiento de las órdenes 21 y 22 de la sentencia T-760 de 2008, las cuales están enfocadas en verificar la suficiencia de los recursos destinados al sistema de salud.
Según la Procuraduría, existe un rezago significativo en la UPC entre 2021 y 2024, situación que ha profundizado el déficit financiero del sistema de salud colombiano. Estas órdenes judiciales buscan específicamente verificar la suficiencia de la UPC y el retraso acumulado durante esos años críticos.
Problemas en calidad de información y datos
La Procuraduría también alertó sobre graves inconvenientes en la calidad de la información entregada por las EPS y los prestadores de servicios de salud, lo que dificulta establecer con precisión el ajuste necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
Esta falta de datos confiables fue uno de los argumentos principales utilizados por el Ministerio de Salud para fijar el valor de la UPC. Por esta razón, el ente de control ha solicitado explicaciones detalladas sobre:
- Los cruces de información entre instituciones
- La analítica de datos implementada
- La arquitectura tecnológica utilizada en el sistema
Aunque el Ministerio entregó documentos en diciembre pasado, incluyendo análisis de la ADRES sobre fallecidos y sobrecostos de medicamentos, estos siguen siendo evaluados debido a inconsistencias significativas frente a los reportes presentados por las propias EPS.
Deterioro alarmante de EPS intervenidas
Uno de los hallazgos más preocupantes de la Procuraduría tiene que ver directamente con las EPS que han sido intervenidas por el Gobierno. Actualmente existen ocho entidades bajo esta medida, y según el informe presentado, lejos de mejorar, su situación se ha deteriorado considerablemente.
La Procuraduría revisó aspectos técnicos, jurídicos y financieros de estas entidades, encontrando que efectivamente se ha producido un deterioro en todos los aspectos evaluados. El impacto de esta situación se refleja claramente en:
- Aumento exponencial de quejas de usuarios
- Crecimiento en el número de tutelas interpuestas
- Incremento de incidentes de desacato a órdenes judiciales
Solo durante el año 2025, las tutelas superaron las 312.000, cifra que evidencia el nivel de inconformidad ciudadana y la dificultad extrema que enfrentan los usuarios para acceder a servicios básicos de salud.
Contraste entre EPS intervenidas y no intervenidas
Aunque las EPS que no han sido intervenidas también presentan problemas financieros considerables, el deterioro es mucho más profundo en aquellas que están bajo intervención gubernamental. En estas últimas se registran:
- Mayores pérdidas patrimoniales
- Incremento significativo de cartera
- Menor capacidad de respuesta institucional
Según el informe de la Procuraduría, "las EPS intervenidas perdieron toda capacidad de respuesta tanto a las EPS como también a los usuarios", situación que agrava la crisis del sistema de salud.
Caso crítico: Nueva EPS en limbo jurídico
Uno de los casos más alarmantes es el de la Nueva EPS, entidad que concentra más de 11 millones de afiliados y enfrenta una situación compleja en medio de lo que la Procuraduría calificó como un "limbo jurídico".
El ente de control solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud claridad sobre el futuro de esta EPS, incluyendo posibles decisiones de intervención permanente o devolución a sus socios originales, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial sobre este tema crucial.
Mientras tanto, los problemas en la prestación de servicios persisten, especialmente en la entrega oportuna de medicamentos, lo que representa un riesgo grave para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo que dependen de tratamientos continuos para mantener su salud y calidad de vida.
La audiencia ante la Corte Constitucional dejó en evidencia que, a pesar de las intervenciones gubernamentales, el sistema de salud colombiano continúa enfrentando desafíos estructurales que requieren soluciones integrales y coordinadas entre todas las instituciones involucradas.
