Procuraduría solicita informes detallados a Nueva EPS sobre gestión de recursos y atención médica
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una solicitud formal a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, para que ejerza medidas de vigilancia y control sobre los planes de acción destinados a proteger la vida e integridad física de los pacientes, así como la correcta destinación de los recursos del sistema de salud.
Requerimientos específicos del órgano de control
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social ha pedido que se le informe sobre el plan de trabajo para lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. Entre los datos solicitados se encuentran:
- La legalización de anticipos a la red prestadora de servicios.
- Información sobre proveedores de servicios y tecnologías en salud.
- Detalles sobre la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas.
- Procesos de contabilización y auditoría de cuentas médicas.
- Avances en la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica.
El Ministerio Público ha establecido un plazo de cinco días hábiles para que Nueva EPS remita este informe completo, subrayando la urgencia de la situación.
Contexto de los cuestionamientos a la EPS más grande del país
Esta solicitud se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la capacidad de Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, para garantizar el derecho fundamental a la salud. Recientemente, la entidad ha enfrentado críticas tras la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, quien falleció el pasado 13 de febrero.
El menor, tras sufrir un accidente en bicicleta, fue trasladado desde Pitalito, Huila, al Hospital la Misericordia en Bogotá, donde murió en cuidados intensivos. Su madre, Katherine Pico, denunció retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS y la falta de entrega de Emicizumab, un medicamento vital que el niño no recibía desde el 12 de diciembre.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó al caso como una "víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos" que afectan a miles de colombianos. Por su parte, Nueva EPS argumentó que se habían gestionado traslados y citas médicas, pero reconoció que cambios administrativos generaron retrasos en la aplicación del tratamiento.
Investigación de la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin, examinando posibles barreras administrativas, la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el cumplimiento de protocolos para la atención de hemofilia. Esta indagación verificará si se omitieron normas sobre la entrega oportuna de medicamentos y directrices para pacientes con enfermedades huérfanas.
La situación ha puesto en evidencia las tensiones dentro del sistema de salud colombiano, donde la gestión de recursos y la atención a pacientes con condiciones críticas requieren una supervisión rigurosa y transparente por parte de las autoridades competentes.
