El salvavidas de la Nueva EPS genera escepticismo sobre el futuro del sistema de salud
La decisión del Gobierno Nacional de rescatar exclusivamente a la Nueva EPS mientras liquida otras entidades promotoras de salud ha generado profundas dudas entre expertos del sector. Según análisis especializados, esta medida no solo sería inviable financieramente, sino que tampoco resolvería los problemas estructurales que afectan al sistema de salud colombiano.
Deudas monumentales y cuestionamientos técnicos
La Nueva EPS concentra deudas por $6,68 billones con 227 instituciones hospitalarias en todo el país, según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). De esta cifra astronómica, aproximadamente $4,07 billones corresponden a cartera en mora superior a 60 días, lo que evidencia la gravedad de la situación financiera de la entidad.
Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, expresó su preocupación: "Hoy no se trata solamente del tema de los recursos financieros, sino también y de manera muy fundamental, sobre cómo opera la Nueva EPS y cuál es su capacidad administrativa y de gestión. Las intervenciones no dieron solución".
El plan gubernamental y sus contradicciones
El presidente Gustavo Petro anunció que la Nueva EPS sería adscrita al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, con el compromiso de que el Estado saldaría las deudas de la promotora a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Según el mandatario, esta medida permitiría mejorar la situación financiera de la entidad y facilitar su salida de la intervención.
Sin embargo, Ramón Abel Castaño, Ph.D en Salud, cuestionó severamente este enfoque: "Si el Gobierno saca $5 billones o $10 billones para financiar y capitalizar la Nueva EPS, pagar deudas, etc., no va a resolver el problema porque esta es una entidad que está pésimamente mal manejada".
Problemas contables y de transparencia
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por los expertos es que la Nueva EPS no entrega estados financieros desde 2023, lo que dificulta evaluar su situación real y proyectar soluciones efectivas. Castaño advirtió que "muy seguramente, estos recursos nuevos van a caer en esas mismas limitaciones de la contabilidad y el problema va a seguir creciendo".
Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, explicó que el dinero para el rescate saldría del Presupuesto General de la Nación, pero señaló limitaciones jurídicas para que los socios privados asuman parte de las deudas.
Impacto en prestadores y pacientes
Desde la perspectiva de los hospitales y clínicas, la capitalización de la Nueva EPS es necesaria para aliviar la presión financiera que afecta su operación. Juan Carlos Giraldo, director ejecutivo de la ACHC, confirmó que esta entidad es la intervenida que más debe a las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Paralelamente, se estima que aproximadamente 2,6 millones de pacientes serían trasladados a la Nueva EPS si se concretan las liquidaciones de otras promotoras, según alertó el movimiento Paciente Colombia. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtió que este proceso podría convertirse en un mecanismo para evadir decisiones judiciales.
Un futuro incierto para el sistema
La Contraloría General de la Nación ha señalado que la Nueva EPS "no es viable financieramente" y se encuentra intervenida por el Gobierno. Esta realidad contrasta con los planes de rescate, generando incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de salud en su conjunto.
Ramón Abel Castaño concluyó con pesimismo: "Sea la suma que sea, con la que pretendan sanear a la Nueva EPS, esto le daría un poco de oxígeno a los prestadores para que sigan o vuelvan a brindar servicios a los colombianos. Sin embargo, con el mal manejo financiero que ha tenido la entidad lo más probable es que no se cumplan los objetivos".
La discusión sobre el futuro de la Nueva EPS refleja así las tensiones más profundas del sistema de salud colombiano, donde las soluciones financieras parecen insuficientes frente a problemas estructurales de gestión, transparencia y eficiencia administrativa.
