Tribunal frena decreto que obligaba traslado masivo de pacientes a Nueva EPS en 502 municipios
Tribunal frena traslado masivo de pacientes a Nueva EPS en 502 municipios

Tribunal frena decreto que ordenaba traslado masivo de pacientes a Nueva EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió mediante una medida cautelar de urgencia el decreto 182 de 2026 del Gobierno Nacional, que pretendía reorganizar territorialmente el sistema de salud colombiano. La decisión judicial advierte que esta reestructuración entregaría el monopolio de la atención médica en 502 municipios a la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Estado.

Implicaciones directas para el departamento de Santander

Para el caso específico de Santander, el decreto suspendido obligaría a que 70 municipios del departamento, equivalentes a más del 80% del territorio santandereano, tuvieran que recibir atención médica exclusivamente a través de la Nueva EPS. Esta situación eliminaría por completo la posibilidad de elección de los usuarios respecto a su entidad prestadora de servicios de salud.

El efecto de esta reorganización se sentiría con mayor rigor en los municipios con menor cantidad de habitantes y aquellos más alejados del área metropolitana de Bucaramanga, donde tradicionalmente la oferta de EPS ha sido más limitada. Según cifras oficiales analizadas por el tribunal, Santander, Boyacá y Cundinamarca concentran más de la mitad de los municipios que pasarían a ser controlados en su atención médica por la Nueva EPS bajo el esquema propuesto.

Fundamentos de la decisión judicial

El magistrado Daniel Montero Betancur, del Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud detener inmediatamente cualquier asignación de afiliados contemplada en el decreto gubernamental. El fallo judicial argumenta que el modelo propuesto forzaría el traslado masivo de aproximadamente seis millones de usuarios del sistema de salud, enviando a 2,6 millones de ellos directamente a la Nueva EPS.

La revisión judicial determinó que esta maniobra dejaría a la Nueva EPS operando como la única aseguradora en los regímenes contributivo y subsidiado en casi la mitad de las poblaciones de Colombia. El magistrado señaló que el documento técnico gubernamental carecía de una "justificación técnica seria" para explicar cómo una organización con un "serio quebranto financiero" y fallas previas documentadas en su servicio podría absorber de forma segura a tal cantidad de ciudadanos.

Problemas identificados en el decreto suspendido

El tribunal identificó varios problemas fundamentales en la ordenanza oficial:

  • Configuraba una "lógica circular y excluyente" que bloqueaba el ingreso de competidores al sistema de salud
  • Transformaba la afiliación en "una imposición derivada del nuevo esquema", anulando completamente la libertad de elección de los usuarios
  • Concentraba de manera forzada a una población extremadamente grande en una sola institución bajo intervención estatal
  • Esta concentración resultaba incompatible con los principios de eficiencia, calidad y continuidad en la atención médica

La decisión judicial también consideró que la Nueva EPS, actualmente intervenida por el Estado, enfrenta múltiples problemas operativos que incluyen retrasos en autorizaciones, fallas en la entrega de medicamentos y suspensiones de servicios reportadas por usuarios en diferentes regiones del país.

Consecuencias inmediatas de la suspensión

La medida cautelar de urgencia decretada por el Tribunal Administrativo de Antioquia significa que, por ahora, no se podrá avanzar con la reorganización territorial del sistema de salud en Santander ni en los otros 501 municipios afectados por el decreto. El juzgado ordenó frenar de inmediato la ejecución del mandato presidencial hasta que se resuelva de fondo la acción popular interpuesta mediante tutela.

Esta decisión judicial representa un respiro temporal para millones de colombianos que habrían visto limitada su capacidad de elección en materia de salud, especialmente en departamentos como Santander donde el impacto hubiera sido particularmente severo. El caso continuará su curso legal mientras se evalúan los fundamentos técnicos y constitucionales de la propuesta gubernamental.