Freno judicial al Decreto 182 de 2026: reacciones del sector salud ante suspensión de traslados masivos
La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender temporalmente la aplicación del Decreto 182 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional pretendía reorganizar territorialmente el aseguramiento en salud y trasladar a millones de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), ha generado una inmediata y diversa reacción entre académicos, gremios del sector y asociaciones de usuarios. La medida cautelar, adoptada el 10 de marzo de 2026 por la Sala Tercera del tribunal con ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur, busca proteger derechos colectivos mientras se estudia el fondo del caso.
Contexto de la controversia judicial
El decreto cuestionado, expedido por el Gobierno el 24 de febrero de 2026, modificaba el Decreto 780 de 2016 para introducir un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional. Esta normativa establecía cuántas EPS podían operar en cada región del país y redistribuía a los afiliados entre las entidades habilitadas. Según cálculos presentados en el proceso judicial, el esquema implicaría el traslado de aproximadamente 6,6 millones de afiliados entre aseguradoras, con cerca de 2,6 millones destinados a la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Estado y que enfrenta dificultades financieras y operativas documentadas.
La acción popular que originó la medida fue interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez contra el Ministerio de Salud y Protección Social. El tribunal determinó que, ante el riesgo de afectación a derechos como el acceso a servicios de salud, la moralidad administrativa y la libre competencia, era necesario adoptar una medida preventiva mientras se analiza el caso de fondo.
Expertos califican la medida como "pertinente" y necesaria
Entre las voces que respaldan la decisión judicial se encuentra la del académico Luis Jorge Hernández, quien calificó la suspensión como adecuada frente a los posibles efectos del decreto. "El traslado de millones de usuarios hacia una entidad con dificultades operativas representaba un riesgo considerable para la estabilidad del sistema y para la atención de los pacientes", afirmó Hernández, advirtiendo que un movimiento de esa magnitud podría haber provocado la suspensión de múltiples tratamientos médico-quirúrgicos, poniendo en riesgo la vida e integridad de miles de personas.
Desde la perspectiva gremial, Ana María Vesga, líder de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), destacó que la norma buscaba reasignar más de seis millones de personas entre entidades aseguradoras mediante una nueva habilitación territorial, lo que representaba un cambio estructural en el sistema de salud. Vesga señaló que, según el tribunal, esa reorganización podría amenazar la libertad de elección de los usuarios y profundizar las dificultades de acceso a servicios.
Preocupaciones desde el sector prestador y asociaciones de pacientes
Jorge Alberto Toro, dirigente de la Unión de IPS de Colombia, afirmó que la decisión del tribunal era una medida esperada por varios actores del sistema. "El traslado de usuarios a entidades que no cuentan con la capacidad administrativa y operativa suficiente habría puesto en alto riesgo la operación del sistema de salud", explicó Toro, añadiendo que, tras la suspensión, el Gobierno debería replantear la manera de organizar el aseguramiento en el país.
Las asociaciones de pacientes también expresaron su posición. Álvaro Molina, representante de organizaciones ciudadanas, señaló que el decreto contemplaba trasladar a millones de afiliados a otras EPS sin considerar su voluntad ni su derecho a la libre elección. "Ese cambio podría haber afectado la prestación de servicios que muchos usuarios ya están recibiendo", afirmó Molina, quien espera que el tribunal, al resolver el caso de fondo, adopte una decisión que garantice los derechos de usuarios, pacientes, talento humano en salud y ciudadanía en general.
Implicaciones y próximos pasos
Con la medida cautelar en firme, el proceso continuará en la jurisdicción contencioso administrativa, donde se analizará si el decreto vulnera derechos colectivos o si las medidas del Gobierno buscan reorganizar el sistema de forma eficiente. Mientras tanto, las organizaciones de usuarios han invitado a los colombianos a manifestar ante el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (AdresS) su rechazo a traslados de EPS que no consulten la voluntad de los afiliados.
Esta decisión judicial se produce en un contexto donde el sistema de salud colombiano enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la crisis operativa y financiera de entidades como la Nueva EPS, el incremento en quejas y tutelas relacionadas con la prestación de servicios, y la necesidad de garantizar la continuidad de tratamientos para pacientes crónicos y con enfermedades de alto costo.
