Proceso judicial por accidente laboral en Cartagena se mantiene activo desde 2015
Un extenso proceso laboral que se inició en el año 2015 continúa generando actuaciones judiciales vigentes contra la Asociación de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina, ubicado en la ciudad de Cartagena. El caso se originó tras un grave accidente sufrido por un trabajador durante labores de mantenimiento en las instalaciones del conjunto residencial.
Los hechos del accidente y la demanda inicial
Según los documentos judiciales que forman parte del expediente, Diego Arrieta comenzó a prestar sus servicios el 2 de marzo de 2015 mediante un contrato verbal para realizar oficios varios. Entre sus responsabilidades se incluían trabajos de albañilería, pintura y mantenimiento general de las áreas comunes del conjunto residencial.
El 9 de abril de 2015, mientras desarrollaba sus labores, el trabajador sufrió una caída desde aproximadamente tres metros de altura. El accidente ocurrió cuando descendía de un cobertizo después de bajar unos tubos. Un aspecto crucial señalado en el proceso judicial es que Arrieta no contaba con arnés de seguridad en el momento del incidente, lo que agravó las consecuencias de la caída.
Las lesiones resultantes fueron significativas:
- Fracturas en la tibia y el calcáneo
- Intervención quirúrgica requerida
- Incapacidad laboral de seis meses
- Pérdida de capacidad laboral determinada en un 20,83%
Adicionalmente, la demanda laboral señaló que durante la vigencia del vínculo laboral, el trabajador no habría sido afiliado a ARL, EPS ni fondo de pensiones, lo que constituye una violación a las obligaciones patronales básicas.
Desarrollo del proceso judicial y condenas
El caso fue tramitado ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena bajo el radicado 13001310500720160012200. A través de una sentencia emitida el 16 de mayo de 2020, este juzgado condenó a la Asociación de Vecinos al pago de acreencias laborales, indemnizaciones y todas las prestaciones derivadas del accidente sufrido por el trabajador.
Posteriormente, el 11 de marzo de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena confirmó las condenas iniciales y añadió el reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. La instancia superior consideró que en el accidente se había configurado la denominada "culpa patronal", responsabilizando directamente a la asociación vecinal por las condiciones inseguras en las que se desarrollaban los trabajos.
Medidas cautelares y presunto desacato
Ante la falta de pago voluntario por parte de la asociación condenada, en julio de 2023 el juzgado libró mandamiento ejecutivo y ordenó la implementación de medidas cautelares. Entre estas medidas se incluyó específicamente el embargo de sumas correspondientes a las cuotas de administración del conjunto residencial La Marina.
De acuerdo con documentos allegados al proceso, el despacho judicial ha emitido oficios y requerimientos desde 2023 para que la Asociación informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar y remita datos de quienes han ejercido la administración desde agosto de ese año.
En actuaciones recientes, el apoderado del demandante solicitó la apertura de un incidente de desacato ante la presunta falta de respuesta a los requerimientos judiciales por parte de la asociación. El 28 de enero de 2026, el juzgado profirió un auto relacionado con la práctica de pruebas dentro de dichas actuaciones, decisión frente a la cual fueron interpuestos recursos de reposición y apelación. El trámite procesal continúa en curso en la actualidad.
Contexto adicional y pronunciamientos
Ante versiones que podrían vincular a la Armada Nacional con este caso, se consultó formalmente a la institución, pero hasta el momento no han brindado respuesta oficial sobre su posible relación o conocimiento del proceso judicial. El desarrollo del caso continúa su curso en las instancias judiciales competentes, manteniendo vigente uno de los procesos laborales más prolongados en la región de Cartagena.
