Después de casi tres décadas sin una actualización profunda en la materia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un nuevo acuerdo para frenar el crecimiento urbanístico descontrolado en zonas rurales y suburbanas de Bogotá y los municipios bajo su jurisdicción. La decisión, adoptada por el Consejo Directivo de la entidad, establece nuevas condiciones que deberán ser incorporadas por las administraciones municipales y el Distrito Capital en los procesos de revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).
Nuevos umbrales y densidades restrictivas
El acuerdo fija umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y nuevas densidades para el suelo rural suburbano, basados en criterios técnicos, ambientales y climáticos. Según la CAR, la medida responde a las actuales dinámicas de ocupación del territorio y a los efectos del cambio climático. La corporación advirtió que el crecimiento urbanístico de los últimos años ha incrementado la presión sobre fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos y áreas agrícolas, generando impactos en la sostenibilidad ambiental.
“Para la construcción de la metodología técnica, la CAR trabajó de manera conjunta con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollando un modelo que permite evaluar las condiciones ambientales particulares de cada municipio y estableciendo criterios diferenciales para la ocupación del suelo rural”, aseguró el director de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros.
Variables ambientales clave
Entre las variables consideradas para definir las nuevas restricciones se incluyen la vulnerabilidad hídrica, el riesgo asociado al cambio climático, la sobreutilización severa del suelo, la fragmentación ecológica, la presión sobre ecosistemas estratégicos y los impactos potenciales sobre la calidad del agua. Los estudios técnicos de la CAR evidenciaron que el 25,5 % del territorio presenta índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos. Además, 15 municipios registran riesgo alto asociado al cambio climático y otros 28 ya presentan niveles de ocupación rural que afectan su capacidad de carga y sostenibilidad ambiental.
Protección del suelo rural y conservación
Uno de los principales alcances del acuerdo es la protección del suelo rural y de las áreas con alta capacidad agrológica, estratégicas para la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental. La norma incorpora restricciones para evitar procesos de suburbanización desordenada y ocupación inadecuada de zonas rurales estratégicas. Asimismo, establece que al menos el 70 % del área de los proyectos suburbanos deberá destinarse a conservación y restauración de vegetación nativa, en línea con la Ley 99 de 1993.
El director de la CAR puso como ejemplo la reducción en los topes de vivienda campestre: “Se reduce de 8 a 2 viviendas, haciendo más restrictivas las condiciones en los suelos suburbanos, porque no podemos seguir sobrepasando la capacidad de nuestros ecosistemas”.
Autonomía municipal y enfoque dinámico
Pese al endurecimiento, la CAR aclaró que la autonomía municipal y distrital para definir usos del suelo se mantiene vigente, y que las nuevas determinantes ambientales funcionarán como herramientas técnicas para fortalecer la toma de decisiones territoriales. “El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, señaló Ballesteros.
La corporación indicó que la metodología aprobada tendrá un carácter dinámico, permitiendo ajustar las condiciones de suburbanización y densidades según mejoras ambientales, procesos de restauración ecológica y avances en la gestión territorial.
