Estado de Emergencia declarado en ocho departamentos del Caribe colombiano
El presidente Gustavo Petro ha declarado formalmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país, tras los graves efectos de un fenómeno hidrometeorológico excepcional que golpeó con fuerza al Caribe colombiano a comienzos de febrero. La decisión quedó oficializada en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 y tendrá una duración de 30 días calendario.
Departamentos afectados por la medida
La medida cobija a los departamentos de:
- Córdoba
- Antioquia
- La Guajira
- Sucre
- Bolívar
- Cesar
- Magdalena
- Chocó
Estos territorios registraron impactos significativos como consecuencia de intensas lluvias, fuertes vientos y mar de leva que han generado una situación de grave calamidad pública.
Fundamento constitucional y contenido del decreto
El decreto recuerda que la Constitución faculta al presidente para declarar el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país. En este caso, el Gobierno argumentó que las condiciones extraordinarias cumplían con esos criterios.
El contenido del Decreto 0150 se estructura en cuatro artículos fundamentales:
- Declara formalmente la emergencia por 30 días.
- Establece que el Ejecutivo ejercerá las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución, lo que le permite expedir decretos legislativos para conjurar la crisis.
- Autoriza la adopción de medidas extraordinarias y la realización de operaciones presupuestales necesarias para atender la situación.
- Ordena convocar al Congreso de la República para ejercer el correspondiente control político, tal como lo exige la ley estatutaria de los estados de excepción.
Características del fenómeno hidrometeorológico
La decisión se sustenta en el evento hidrometeorológico registrado entre el primero y el 6 de febrero, cuyas características fueron calificadas por las autoridades técnicas como atípicas y de baja previsibilidad climática. Según análisis del Ideam y la Dirección General Marítima (DIMAR), el fenómeno estuvo asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío hacia el Caribe colombiano, un comportamiento poco frecuente dentro de los patrones atmosféricos históricos.
Esta alteración provocó un fortalecimiento inusual de las condiciones meteorológicas:
- Aumento significativo de la velocidad del viento superficial
- Oleajes por encima de los rangos climatológicos esperados
- Lluvias intensas simultáneas con mar de leva y otros eventos extremos
En amplios sectores del Caribe, los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y más del 180% del promedio mensual histórico. En términos prácticos, en apenas unos días llovió lo equivalente —o incluso superior— a lo que normalmente cae en un mes completo, una situación estadísticamente inusual.
Balance de afectaciones y daños registrados
El balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revela cifras alarmantes:
- 65 emergencias registradas en 61 municipios
- Más de 69.000 familias damnificadas
- Más de 252.000 personas impactadas
- 10 fallecidos confirmados
Las afectaciones incluyen:
- Inundaciones y crecientes súbitas
- Movimientos en masa
- Daños en viviendas, vías, puentes y acueductos
- Afectaciones en centros educativos y de salud
- Pérdidas significativas en áreas productivas
Las autoridades también señalaron que el número de alertas hidrológicas emitidas en febrero de 2026 superó los registros de los últimos seis años, reflejando la severidad del fenómeno.
Objetivos de la declaratoria de emergencia
Con la declaratoria, el Gobierno busca agilizar la respuesta institucional y destinar recursos extraordinarios para la atención inmediata y la recuperación de las zonas afectadas. La medida permitirá al Ejecutivo tomar decisiones rápidas y asignar presupuestos especiales para enfrentar esta crisis sin precedentes en la región Caribe.
La situación requiere una intervención coordinada y eficiente de todas las entidades del Estado para mitigar los efectos del fenómeno hidrometeorológico y apoyar a las comunidades afectadas en su proceso de recuperación.
