Exmandatario municipal enfrenta cargos por suspensión del servicio alimentario
La Procuraduría General de la Nación ha llamado formalmente a juicio disciplinario a Virgilio Antonio Garzón, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Montebello, en el departamento de Antioquia. El proceso se origina por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2023.
Comunicado oficial detalla los cargos
Mediante un comunicado emitido el 1 de abril, la entidad de control hizo público el pliego de cargos contra el exfuncionario. La investigación, que ha sido manejada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá, señala que Garzón no garantizó la prestación continua del servicio alimentario durante un período de 84 días consecutivos, equivalente a casi tres meses completos.
Esta interrupción afectó directamente a la población estudiantil menor de edad de Montebello, grupo que cuenta con especial protección constitucional. Los niños y adolescentes matriculados en las instituciones educativas del municipio se vieron privados del beneficio alimentario durante ese extenso lapso.
Deficiencias administrativas y de supervisión
Según explicó la Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljach, la situación se habría presentado debido a múltiples fallas:
- Deficiencias en la planeación administrativa para asegurar la continuidad del programa
- Demoras significativas en la gestión contractual y presupuestal
- Falta de supervisión adecuada por parte de la Alcaldía Municipal al contrato vigente
Estas omisiones habrían llevado al operador del PAE a suspender el servicio durante los tres meses mencionados, generando un grave perjuicio a la comunidad educativa.
Calificación de la falta y otros implicados
El órgano de control calificó la presunta conducta de los entonces funcionarios como una falta grave cometida a título de culpa grave. Además del exalcalde Garzón, el caso también incluye a Mateo Acevedo Espinosa, quien se desempeñaba como secretario de Salud y Bienestar de Montebello durante el período investigado.
La Procuraduría Provincial de Amagá ha estructurado cuidadosamente el proceso, destacando que los hechos investigados comprometen seriamente la responsabilidad de los funcionarios públicos en la garantía de derechos fundamentales como la alimentación escolar.
