Extinción de dominio a propiedades vinculadas a paramilitares en exclusiva zona de Bogotá
En una operación conjunta, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en el exclusivo sector de Santa Bárbara, localidad de Usaquén, en el nororiente de Bogotá. Los bienes, valorados en 500 millones de pesos, habían sido identificados como propiedad del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Detalles de la operación y los bienes intervenidos
La intervención se concentró en un apartamento y un parqueadero situados en esta reconocida zona residencial del norte de la capital. Las investigaciones establecieron que estos inmuebles formaban parte del patrimonio ilícito acumulado por esta estructura paramilitar durante su periodo de operación.
Según los informes de la Comisión de la Verdad, las AUC surgieron en la década de 1990 bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, Carlos y Vicente, expandiéndose progresivamente por múltiples regiones del país, incluyendo Antioquia, Sucre, Meta, Guaviare, Catatumbo, el Caribe, el Pacífico y la Amazonía.
El papel del Bloque Norte en la estructura paramilitar
El Bloque Norte, una de las subestructuras más significativas de las AUC, operó principalmente en los departamentos de Córdoba y Urabá, aunque extendió su influencia hacia Cesar, Magdalena, La Guajira y Atlántico. Esta agrupación se consolidó con la integración del Frente Montes de María y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Además de los hermanos Castaño, una figura clave en el fortalecimiento de las autodefensas fue Salvatore Mancuso, cuyo papel ha sido documentado por el Centro de Memoria Histórica. Las investigaciones también han revelado que esta estructura recibió apoyo y contribuyó a políticos, evidenciado por casos como la captura de un concejal que mantuvo nexos entre 2003 y 2006, desviando recursos de un centro asistencial para beneficiar a los paramilitares.
Contexto histórico y desmovilización
El punto final de las AUC llegó con el inicio del nuevo milenio. En octubre de 2004, según explica la Comisión de la Verdad, el grupo inició un proceso de desmovilización en el marco de un acuerdo de paz. Las cifras oficiales indican que 36 estructuras dejaron las armas, resultando en la desmovilización de 30.944 personas.
Esta operación de extinción de dominio representa un paso significativo en los esfuerzos del Estado colombiano para recuperar bienes adquiridos mediante actividades ilícitas y contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
