La Fiscalía General de la Nación asestó un duro golpe a una organización delincuencial que operaba en Boyacá, señalada de cobrar por servicios de reciclaje que nunca se realizaron o que no cumplían con los requisitos exigidos por las autoridades. La red habría utilizado nombres de habitantes de calle para justificar toneladas de material reciclable inexistente, obteniendo así millonarios pagos por remuneración tarifaria.
Capturas y acusaciones
En el operativo, agentes del ente acusador capturaron a tres personas presuntamente vinculadas a la organización. Los detenidos son Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, así como Ingrid Yineth Amaro Guavare. Según la investigación, estas personas habrían entregado información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso.
Modus operandi
Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, explicó que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para almacenar ni disponer del material, ni con el personal necesario para cumplir con la labor. En sus informes, las empresas incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas de material reciclable que jamás existieron. Estos reportes fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia, lo que les permitió recibir 6.829 millones de pesos en dos años por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento.
La ley otorga ese reconocimiento monetario a los recicladores de oficio que se dedican al transporte y clasificación de residuos. Sin embargo, en este caso, los recursos fueron desviados para beneficio personal de los integrantes de la red.
Destino del dinero ilícito
La Fiscalía descubrió que los miembros de la organización utilizaron el dinero obtenido para adquirir vehículos de alta gama e inmuebles. Además, realizaron diversas maniobras para ocultar el fraude, como ajustes ante la Dian, simulaciones documentales y alteración de información, con el objetivo de evitar ser detectados y obstaculizar la acción de la justicia.
Delitos imputados
La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Seccional Boyacá, quien imputó a los tres capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar si hay más personas involucradas en este entramado ilícito.
Este caso pone en evidencia la importancia de los controles en los sistemas de información de servicios públicos y la necesidad de combatir el fraude que afecta los recursos destinados a los recicladores de oficio.
