Procuraduría investiga a ocho funcionarios por presuntas irregularidades en contrato de videovigilancia
La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación disciplinaria contra ocho servidores y exservidores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. El caso gira en torno al contrato SCJ-1904-2023, valorado en más de 14.300 millones de pesos, destinado a la instalación de 200 cámaras de reconocimiento de placas (LPR) para fortalecer la seguridad en la capital.
Los investigados incluyen altos funcionarios
Entre los investigados se encuentran figuras de alto perfil como Óscar Antonio Gómez Heredia, exgeneral de la Policía Nacional y último secretario de Seguridad durante la administración de Claudia López, y César Andrés Restrepo Flórez, actual secretario de Seguridad de Bogotá. También están bajo la lupa de la Procuraduría otros seis funcionarios, incluida Ada Luz Sandoval Herazo, actual directora del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
Según el Ministerio Público, el análisis preliminar revela posibles deficiencias en la planeación del contrato, particularmente en aspectos críticos como:
- La definición de los sitios de instalación de las cámaras
- La disponibilidad de acometidas eléctricas en los lugares seleccionados
- La gestión de permisos para intervenir el espacio público
- La estimación realista del tiempo de ejecución del proyecto
Graves retrasos en la instalación de las cámaras
Las presuntas irregularidades habrían generado retrasos significativos, suspensiones y prórrogas contractuales que afectan la eficiencia del proyecto. Originalmente, las 200 cámaras debían estar instaladas en agosto de 2024, pero la realidad dista mucho de ese objetivo.
Según información verificada, el avance ha sido extremadamente lento:
- A mediados de abril de 2025 se habían instalado solo 36 cámaras
- Para julio de 2025 se completaron 50 dispositivos
- Hasta el 6 de marzo de 2026 se habían instalado 30 cámaras adicionales
- Actualmente solo hay 80 cámaras operativas de las 200 contratadas
Esto significa que 120 cámaras permanecen pendientes de instalación, a pesar de que extraoficialmente se había asegurado que para mayo de 2025 estarían todas funcionando.
Justificaciones del Distrito y nueva fecha límite
En diferentes ocasiones, el Distrito ha atribuido las demoras a problemas en frentes de obra, especialmente en puentes peatonales y vehiculares donde deberían instalarse los dispositivos. El consorcio ejecutor del contrato señaló específicamente la "falta de suministro eléctrico en la base del puente o poste" como una de las causas principales de los retrasos.
La Secretaría de Seguridad mantiene que "el contrato se encuentra vigente y se están realizando las actividades correspondientes para la finalización de la instalación". Sin embargo, la situación ha obligado a realizar adiciones al contrato, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 27 de abril de 2026.
Esto plantea un desafío monumental: en los próximos 42 días deberán instalarse las 120 cámaras restantes para cumplir con lo pactado. La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para determinar si las dificultades detectadas eran previsibles desde la etapa inicial de planeación.
La investigación busca establecer responsabilidades en lo que parece ser un grave incumplimiento contractual que afecta directamente la seguridad ciudadana en Bogotá, retrasando la implementación de un sistema diseñado para fortalecer la videovigilancia y el reconocimiento de placas vehiculares en puntos estratégicos de la capital.
