Procuraduría abre investigación formal contra Irene Vélez por caso Urrá
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria formal contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Ambiente encargada, junto a otros seis altos funcionarios, por sus presuntas omisiones en el control y vigilancia de la central hidroeléctrica Urrá.
Negligencia sistemática priorizó energía sobre seguridad
Según el órgano de control, se evidenció una negligencia operativa sistemática que priorizó la generación de energía por encima de la seguridad poblacional, desencadenando el devastador desbordamiento del río Sinú en febrero pasado. Este desastre natural dejó un saldo trágico de más de 200 mil personas damnificadas en los departamentos de Córdoba y Sucre.
El Ministerio Público determinó, mediante un contundente informe preventivo, que la emergencia invernal no constituyó un evento puramente natural e imprevisible, sino la materialización de un riesgo que había sido advertido con anterioridad.
Incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental
La investigación se centra en la presunta operación negligente e incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P., entidad que habría infringido las reglas operativas de la represa al mantener de manera recurrente el embalse por encima de la Curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operaciones.
En el documento del ente de control se precisó que esta conducta de la empresa operadora supone "una priorización en uno de los propósitos del embalse que es la generación de energía eléctrica por encima de otro de los propósitos, que es la regulación de los caudales para evitar inundaciones".
Además, se identificaron otros factores críticos:
- Evidente superación de los caudales máximos de descarga autorizados
- Falla en la gestión del riesgo de desastres
- Presunta ineficacia en la implementación de los sistemas de alerta temprana
Responsabilidades específicas de la ANLA
La acción disciplinaria apuntó directamente a Irene Vélez, en su condición de directora de la ANLA, y a Camilo Alexander Rincón Escobar, subdirector de Seguimiento de la misma entidad, por una presunta inobservancia de sus deberes de control oportunos frente al incumplimiento sistemático de la Curva Guía Máxima por parte de Urrá, detectado desde el 2024.
También se investiga un presunto retraso en la expedición de actos administrativos para actualizar los parámetros técnicos de los volúmenes del embalse.
Sobre el papel de la ANLA, la Procuraduría advirtió en su informe que la intervención de la autoridad ambiental "resultó tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos".
Otros funcionarios investigados
El auto de apertura de investigación también vinculó a:
- Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
- Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas Combustible
Ambos son investigados por presuntas omisiones en las obligaciones de vigilancia, pues con base en su propio monitoreo habrían tenido conocimiento de las irregularidades significativas en la operación de Urrá, sin desplegar una actuación "suficientemente proactiva para evitar la magnitud del desastre".
Finalmente, el pliego cobijó a:
- Orlando Rodrigo Medina, director general de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), por presuntas omisiones en la prevención y control de obras antrópicas ilegales en humedales
- Enrique Kerguelén Méndez, presidente encargado de la Empresa Urrá S.A. E.S.P.
- Juan Acevedo Rocha, expresidente de la Empresa Urrá S.A. E.S.P.
La Procuraduría ha ordenado la notificación personal de todos los implicados y la recolección de pruebas documentales para avanzar en la investigación disciplinaria que busca establecer responsabilidades en uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años en Colombia.
