Gobierno activa medidas extraordinarias ante crisis climática en el norte colombiano
El gobierno del presidente Gustavo Petro hizo pública la emisión de los cinco primeros decretos legislativos en el marco del estado de emergencia económica y social declarado para enfrentar la crisis climática que afecta a ocho departamentos del norte del país. Las medidas extraordinarias buscan conjurar los efectos devastadores de los frentes fríos que han azotado las regiones de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó durante las últimas semanas.
Detalle de las órdenes presidenciales con fuerza de ley
Los decretos fueron anunciados durante el Consejo de Ministros celebrado en Cartagena y corresponden a los ministerios de Agricultura (dos decretos), Hacienda, Educación y Ambiente. Estas disposiciones tienen carácter inmediato y buscan establecer un marco legal especial para la atención de la emergencia.
Decreto 0173 de 2026 - Ministerio de Hacienda: Establece medidas tributarias mediante la imposición de un impuesto al patrimonio para el año 2026. Las empresas cuyo patrimonio supere los 200.000 UVT (aproximadamente 10.000 millones de pesos) deberán pagar una tarifa del 0,50 por ciento, mientras que entidades financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa, y empresas de carbón y petróleo pagarán el 1,6 por ciento.
El pago se realizará en dos cuotas: la primera el 1 de abril y la segunda el 4 de mayo. Quedan exentas las empresas del sector salud, aquellas intervenidas por el Estado, y las empresas de servicios públicos domiciliarios de municipios en calamidad pública dentro de la zona afectada. Los recursos recaudados se destinarán exclusivamente al Presupuesto General de la Nación para atender la emergencia.
Decreto 0174 de 2026 - Ministerio de Agricultura: Declara de utilidad pública e interés social la compra de predios rurales, franjas de terreno, unidades de producción agropecuaria y mejoras de propiedades necesarias para enfrentar la emergencia. La medida busca dotar de tierras a población campesina y comunidades afectadas que requieran reubicación, así como adquirir terrenos para proyectos de adecuación climática.
El decreto autoriza a la Agencia Nacional de Tierras para ocupación temporal, imposición de servidumbres, adquisición y expropiación de inmuebles, además de permitir la extinción de dominio y recuperación de baldíos de forma exprés. También establece compensaciones monetarias para personas afectadas y atención a beneficiarios de proyectos productivos damnificados.
Decreto 0175 de 2026 - Ministerio de Agricultura: Establece medidas de alivio financiero para el sector agropecuario afectado por las inundaciones, con especial énfasis en productores de bajos ingresos. Ordena programas de refinanciación de obligaciones para damnificados y planes de alivio de deuda agropecuaria con el Banco Agrario para aquellos con cartera vigente y garantía real o inmobiliaria.
Adicionalmente, se destinan recursos para la compra de cartera agropecuaria, contribuyendo así a la recuperación económica y productiva de pequeños productores afectados por la emergencia climática.
Decreto 0176 de 2026 - Ministerio de Educación: Extiende el programa de Alimentación Escolar para menores de edad en la zona afectada, permitiendo su implementación fuera de la jornada escolar y de los espacios educativos tradicionales cuando se suspenda el calendario académico o se ordenen jornadas de trabajo académico en casa.
Decreto 0177 de 2026 - Ministerio de Ambiente: Faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ejercer control ambiental sobre proyectos hidroeléctricos donde se hayan emitido alertas hidrometeorológicas. Las modificaciones podrán incorporar obligaciones de ejecución inmediata para amortiguar eventos hidrológicos extremos y reducir riesgos aguas abajo.
El decreto ordena estudios de modelación hidrosedimentológica en las cuencas de los ríos Canalete, Sinú y San Jorge -tres afluentes que se han desbordado ante las intensas lluvias- con el objetivo de prevenir la recurrencia de desastres. Asimismo, dicta medidas para rehabilitar y restaurar ecosistemas afectados por acción humana que sirven como amortiguamiento natural ante las precipitaciones.
Se establece un plazo máximo de 15 días para formular un plan de acción que busque detener la degradación progresiva de ecosistemas, restablecer servicios ecosistémicos esenciales y articular la recuperación ambiental con la recuperación temprana de las comunidades, bajo un enfoque de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
Impacto regional y alcance de las medidas
Estas disposiciones representan la respuesta gubernamental más contundente hasta el momento frente a la crisis climática que ha golpeado el norte colombiano. Las medidas combinan aspectos fiscales, productivos, sociales y ambientales en un esfuerzo integral por mitigar los efectos inmediatos de las inundaciones mientras se sientan bases para una recuperación sostenible.
El enfoque multisectorial de los decretos refleja la complejidad de la emergencia, que requiere intervenciones coordinadas en múltiples frentes. Desde la imposición de tributos específicos hasta la reubicación de comunidades campesinas y la restauración de ecosistemas críticos, el paquete normativo busca abordar tanto las consecuencias inmediatas como las causas estructurales de la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.
La implementación de estas medidas se desarrollará en los próximos meses bajo la supervisión directa de los ministerios involucrados, con recursos específicamente destinados para conjurar la emergencia y apoyar la recuperación de las regiones afectadas.
