Taxista en estado de embriaguez busca acuerdo legal tras atropellar a 11 personas en Bogotá
En un caso que ha conmocionado a la capital colombiana, José Eduardo Chalá Franco, el taxista responsable de arrollar a 11 personas en la localidad de San Cristóbal mientras conducía con grado tres de alcohol en la sangre, está buscando activamente un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2025 y han dejado secuelas profundas en la comunidad.
Detalles del trágico incidente y las víctimas
De las once personas impactadas por el vehículo conducido por Chalá Franco, cuatro eran menores de edad, y entre ellos se encuentra una adolescente de 15 años que perdió la vida después de varios días en la unidad de cuidados intensivos. El conductor, quien días después del accidente aceptó los cargos iniciales de tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas, vio incrementada su responsabilidad penal con un nuevo cargo de homicidio agravado tras el fallecimiento de la menor.
Negociaciones legales en curso
Durante la audiencia de acusación formal, que fue aplazada precisamente por estos acercamientos, el nuevo abogado defensor de Chalá Franco, Juan Sebastián Franco Reyes, solicitó la suspensión para continuar con las negociaciones. "Solicitaría el aplazamiento con el fin de continuar con el acercamiento que llevamos con la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de intentar un preacuerdo, una terminación atípica de este expediente", manifestó el litigante.
Franco Reyes añadió que este proceso busca, "inclusive en beneficio de las mismas víctimas, haciendo, eventualmente, algunas indemnizaciones o algunas otras circunstancias que fueran procedentes, obviamente, entendiendo la naturaleza del caso". Aunque no se ha establecido oficialmente el contenido específico del preacuerdo, se cree que podría incluir una reducción significativa de la condena y mecanismos de reparación para las víctimas y sus familias.
Posición de las víctimas y situación actual del acusado
Frente a estas negociaciones, la representante legal de una de las víctimas dejó claro que, si bien no se oponían a la suspensión temporal de la audiencia, mantenían la "salvedad y claridad" de que cualquier preacuerdo debe garantizar plenamente los derechos de todas las personas afectadas y sus familiares. Esta postura subraya la necesidad de que la justicia no solo sea expedita sino también reparadora.
Mientras se desarrollan estas conversaciones, José Eduardo Chalá Franco permanece privado de la libertad en la estación de Policía de San Cristóbal. Si las negociaciones con la Fiscalía no prosperan, el taxista enfrentará un juicio formal por los graves cargos que pesan en su contra, incluyendo homicidio agravado y lesiones personales en grado de tentativa.
Contexto adicional y antecedentes del vehículo
Este caso ha revelado además que el taxi involucrado en el atropello masivo acumula comparendos de tránsito por un valor superior al millón de pesos, lo que añade un elemento más de preocupación sobre las condiciones en las que operaba el conductor. La Fiscalía ya había radicado previamente el escrito de acusación contra Chalá Franco, destacando la gravedad de conducir en estado de alicoramiento y las consecuencias devastadoras que esto puede generar.
La comunidad de San Cristóbal y Bogotá en general sigue atenta al desarrollo de este proceso judicial, que pone sobre la mesa discusiones cruciales sobre responsabilidad vial, justicia restaurativa y la necesidad de medidas más estrictas contra la conducción bajo los efectos del alcohol.
