Funcionaria del Inpec enfrenta cargos por porte ilegal de arma en acto político
En un hecho que ha generado alerta en el contexto electoral, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Mónica Fernanda Joven Urbano por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La imputación se produjo durante la tarde del 27 de febrero, luego de que la mujer fuera capturada el día anterior en un evento político en el municipio de Honda, departamento del Tolima.
Detalles de la captura en el parque José León Armero
Los hechos ocurrieron el 26 de febrero en el parque José León Armero de Honda, donde se desarrollaba una actividad política con la participación de la precandidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante el operativo, agentes de la Policía Nacional de Colombia interceptaron a Joven Urbano y, tras una revisión, encontraron en su bolso un arma de fuego junto con cinco cartuchos calibre 25 milímetros.
La Fiscalía detalló que, al momento de la captura, la mujer manifestó ser funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y tener acceso a ese tipo de elementos. Sin embargo, no pudo acreditar ningún permiso legal para el porte o tenencia del arma, lo que derivó en su inmediata detención y posterior procesamiento judicial.
Respuesta institucional y medidas judiciales
Tras conocerse los hechos, el Inpec emitió un comunicado aclarando que Joven Urbano es efectivamente una de sus funcionarias, pero que para el momento del evento se encontraba oficialmente de vacaciones. La entidad enfatizó que "no tiene relación, participación ni responsabilidad alguna frente a actividades de carácter político, ni avala comportamientos que contraríen la ley", distanciándose así de las acciones de la empleada.
En el ámbito judicial, Joven Urbano no aceptó los cargos imputados por la fiscal de la Seccional Tolima. Ante esto, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio, comúnmente conocida como casa por cárcel, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Reacciones políticas y preocupaciones de seguridad
El partido Centro Democrático, al que pertenece Paloma Valencia, reaccionó rápidamente solicitando a las autoridades "adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar". Además, exigió al Gobierno Nacional garantías electorales y condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo de las actividades políticas en el marco de las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Este incidente se registra en un contexto de creciente preocupación por situaciones de violencia asociadas a campañas políticas en Colombia, donde la presencia de armas en eventos públicos representa un riesgo significativo para la seguridad de participantes y asistentes.
Las autoridades continúan investigando los posibles vínculos y motivaciones detrás de la presencia armada de la funcionaria en el acto político, mientras se analiza si existen conexiones con otros hechos de violencia política reportados en el país.
