Funcionaria penitenciaria detenida con arma sin permiso en evento político de Uribe
Un acto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el sector Alto del Rosario de Honda, Tolima, culminó con la sorprendente captura de una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que portaba un arma de fuego sin la debida autorización legal. El hecho, que ha generado conmoción en el sistema penitenciario colombiano, ocurrió durante un evento de campaña política donde se congregaron simpatizantes del líder político.
Detalles de la captura y el armamento incautado
La detenida fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años de edad, quien según confirmó la Policía del Tolima llevaba consigo una pistola aparentemente calibre 25 milímetros, un cargador completo y cinco cartuchos de munición. La funcionaria fue aprehendida en flagrancia por las autoridades policiales, quienes verificaron que no contaba con ningún permiso legal para portar el arma de fuego en ese contexto.
Tras su captura, Joven Urbano quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se le imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego. Las investigaciones iniciales indican que la funcionaria se encontraba en su periodo de vacaciones laborales cuando asistió al evento político, aunque esto no justifica la presencia del arma sin autorización.
Trayectoria y situación actual en el sistema penitenciario
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Mónica Fernanda Joven Urbano ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017, completando exitosamente su periodo de prueba de dos años antes de ser formalmente inscrita en la carrera penitenciaria en marzo de 2019 mediante la Resolución 000650 de ese mismo año. Actualmente se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas, Cundinamarca, centro que alberga a 2.644 personas privadas de la libertad.
Como integrante del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, sus funciones regulares incluían:
- Control y supervisión de pabellones carcelarios
- Custodia directa de internos durante actividades
- Realización de requisas periódicas en las instalaciones
- Coordinación de traslados de personas privadas de la libertad
- Preservación del orden y seguridad interna del centro penitenciario
Investigaciones administrativas y pronunciamientos institucionales
El Inpec emitió un comunicado oficial confirmando que la funcionaria se encontraba en su periodo de vacaciones autorizado cuando ocurrió la captura, pero anunció de inmediato la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias exhaustivas para determinar su situación interna. La entidad reiteró su compromiso inquebrantable con la legalidad y solicitó que el caso no sea generalizado frente al actuar de los miles de funcionarios que cumplen diligentemente su labor en el sistema penitenciario nacional.
Una fuente de la regional central del Inpec confirmó que Joven Urbano cuenta con fuero sindical al estar afiliada a la Asociación Sindical de Empleados del Inpec, lo que podría complicar los procedimientos disciplinarios internos. Por su parte, Johan Eduardo Pardo, líder de la Organización de Servidores Penitenciarios (OSP), señaló la gravedad del hecho, recordando que los funcionarios públicos tienen estrictamente prohibido realizar proselitismo político, incluso durante sus periodos vacacionales.
Contexto normativo y próximos pasos judiciales
Pardo agregó que la reglamentación específica sobre el porte de armas para personal del Inpec aún se encuentra en proceso de definición por parte de la Presidencia de la República y el Instituto de Industria Militar (Indumil), lo que genera vacíos normativos en ciertos aspectos. Consultas en el portal oficial de la Rama Judicial indican que Joven Urbano no registra otros procesos penales en su contra ni antecedentes disciplinarios de relevancia, tampoco figura como contratista del Estado en registros públicos.
En las próximas horas, un juez de control de garantías definirá si la funcionaria es enviada a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones fiscales para esclarecer completamente las circunstancias de su presencia armada en el evento político. El caso ha generado amplio debate sobre los protocolos de conducta para funcionarios penitenciarios y las regulaciones sobre porte de armas en contextos no laborales.
