Alerta máxima: Más de 106 mil reclusos en riesgo por cambio en salud carcelaria
Una grave amenaza se cierne sobre el sistema de salud penitenciario colombiano. Más de 106 mil personas privadas de la libertad podrían enfrentar un colapso total en su atención médica debido a una decisión del Ministerio de Salud que busca reformular el modelo actual y transferir la responsabilidad a Nueva EPS, una entidad que atraviesa serias dificultades financieras y operativas.
Quejas formales elevan la alarma
Organismos de control han recibido quejas formales que advierten sobre las consecuencias catastróficas de esta medida. Los documentos señalan que la decisión desconoce los avances alcanzados y podría derivar en afectaciones directas al derecho fundamental a la salud, la vida, la dignidad humana y la integridad personal de una población que se encuentra bajo custodia directa del Estado.
El modelo actual y sus logros
Actualmente, la atención en salud de la población carcelaria se presta a través del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad. Este esquema reconoce la relación especial de sujeción entre el Estado y los reclusos, lo que impide interrupciones o improvisaciones en el servicio.
Mediante un proceso de licitación pública, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 298 de 2025 con Fiduprevisora S.A., permitiendo la contratación de prestadores de servicios de salud a nivel nacional y garantizando atención de baja, mediana y alta complejidad.
A pesar de sus limitaciones estructurales, este modelo ha permitido avances verificables en:
- Consolidación de redes de atención
- Rutas asistenciales definidas
- Gestión del riesgo efectiva
- Coordinación interinstitucional
La peligrosa propuesta del Ministerio de Salud
Sin embargo, el Ministerio de Salud aprobó iniciar la implementación de un nuevo modelo de atención bajo un operador único nacional. Según las denuncias, esta decisión se habría adoptado:
- Sin estudios técnicos suficientes
- Sin análisis jurídicos adecuados
- Sin evaluaciones financieras completas
- Sin un plan de transición que garantice continuidad
Nueva EPS: Una elección cuestionable
El punto más crítico es que el nuevo modelo pretende trasladar la atención a Nueva EPS, una entidad promotora del régimen ordinario que no fue diseñada para atender las particularidades del sistema penitenciario y carcelario.
Lo más preocupante es que el cambio se pretende ejecutar en un plazo inferior a dos meses, sin una transición responsable, lo que podría provocar:
- Interrupciones del servicio
- Regresividad en la atención médica
- Traumatismos operativos severos
- Responsabilidad estatal por afectación de derechos
Terminación anticipada de contratos
La situación se agrava con la orden de terminación anticipada de los contratos vigentes que actualmente sostienen la prestación del servicio de salud en los centros de reclusión. Estos contratos fueron celebrados precisamente para garantizar la continuidad y estabilidad del sistema, por lo que su cancelación representa un riesgo adicional.
Inversión de prioridades estatales
Las quejas también advierten que esta decisión invierte las prioridades del Estado, privilegiando primero la implementación de una política del Ministerio de Salud y dejando en segundo plano la garantía efectiva del derecho a la salud de una población vulnerable.
Llamado a la acción
Ante este panorama crítico, se ha solicitado a la Contraloría General y a la Procuraduría General una intervención preventiva inmediata que incluya:
- Revisión de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo del Fondo
- Evaluación del riesgo real y potencial sobre los derechos fundamentales
- Adopción de medidas urgentes para evitar afectación masiva
La salud de más de 106 mil colombianos privados de la libertad pende de un hilo, y la comunidad jurídica y de derechos humanos observa con preocupación cómo se desarrolla esta crisis institucional que podría tener consecuencias humanitarias devastadoras.
